Puebla, Pue. El narcolaboratorio desmantelado en Jopala, en la Sierra Norte de Puebla, tenía la capacidad de generar hasta 2 mil 400 millones de pesos anuales en ganancias ilícitas, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien aseguró que el complejo abastecía de drogas sintéticas tanto a Puebla como al estado de Veracruz.
El funcionario señaló que el laboratorio operó durante más de un año, por lo que consideró que era prácticamente imposible que las autoridades municipales desconocieran su existencia, razón por la que acusó actos de omisión y encubrimiento.
Las declaraciones se dieron durante una conferencia en la que también se confirmó la detención y vinculación a proceso de seis mandos de Seguridad Pública municipal por presuntos delitos relacionados con el incumplimiento de sus funciones.
SSP señala omisión de autoridades por operación del narcolaboratorio
Francisco Sánchez González explicó que el laboratorio clandestino localizado en Jopala era uno de los más importantes detectados en la entidad por su capacidad de producción.
Indicó que las drogas sintéticas representan un grave riesgo para la salud, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, debido a los daños que ocasionan en el sistema nervioso.
"La droga sintética es sumamente activa y destruye las capacidades cognitivas de los menores que la consumen. La capacidad de este laboratorio era muy grande, tenía más de un año de estar funcionando, por ello era casi imposible que las autoridades de este municipio no supieran lo que pasaba; eso era omisión y encubrimiento", afirmó.
El secretario recordó que desde el inicio de la actual administración estatal han sido localizados cinco narcolaboratorios.
Del total:
- Tres fueron asegurados durante 2025.
- Dos más fueron desmantelados en lo que va de 2026, incluido el ubicado en Chila de la Sal, dedicado también a la producción de drogas sintéticas.
Fiscalía confirma detención de seis mandos policiacos
En el mismo encuentro, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, confirmó que seis directores de Seguridad Pública municipal fueron detenidos y vinculados a proceso.
Los funcionarios enfrentan investigaciones por los presuntos delitos de:
- Encubrimiento.
- Abuso de autoridad.
- Incumplimiento del deber legal.
Los mandos detenidos son:
- Manuel Martínez González, director de Seguridad Pública de Jopala.
- Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola.
- Evencio Rosas Luna, director de Seguridad Pública de Tlapacoya.
- David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla.
- Gonzalo Torres Cardoso, director de Seguridad Pública de Tehuitzingo.
- José Santiago Benítez, director de Seguridad Pública de Chila de la Sal.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los servidores públicos.
Vinculan a proceso a presunto responsable del ataque en Vía Atlixcáyotl
Durante la conferencia, Idamis Pastor Betancourt también informó que el presunto responsable del ataque armado ocurrido en la Vía Atlixcáyotl fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.
El órgano jurisdiccional determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de conceder un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que concluirá el 17 de octubre.
Alejandro Armenta advierte que no habrá tolerancia a la corrupción
Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración continuará actuando contra cualquier acto de corrupción o complicidad con grupos delictivos.
El mandatario sostuvo que su gobierno no permitirá omisiones por parte de servidores públicos encargados de la seguridad.
"El gobernador del estado no está para regañar a nadie. No vine a quedar bien con nadie; vine para servir a los poblanos y lo hago con gusto", expresó.
Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones continuarán para desarticular las redes criminales que operan en distintas regiones de Puebla y sancionar a quienes hayan facilitado sus actividades desde el servicio público.
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