Puebla, Pue. El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, aseguró que el Poder Legislativo respetará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efecto la disposición relacionada con la reducción de regidurías en Puebla capital, aunque señaló que los ajustes correspondientes deberán realizarse después del proceso electoral de 2027.
El diputado de Morena rechazó que la determinación del máximo tribunal represente un revés para el Congreso, al considerar que las leyes pueden modificarse y perfeccionarse a partir de las resoluciones judiciales.
“No lo veo como un revés, siempre he dicho que todas las leyes son perfectibles. Siempre hemos estado atentos a la Suprema Corte y todo lo que nos mandata. Este tema de las 10 regidurías y las cinco de representación proporcional, también así lo haremos. Nuestra iniciativa fue una iniciativa que se trabajó, se votó en el pleno. Este, no no no lo veo como un revés, siempre he dicho que todas las leyes son perfectibles. Y pues nosotros acataremos el ordenamiento de la Suprema”, declaró.
Cambios en regidurías de Puebla esperarían hasta 2027
Gaspar Ramírez explicó que el Congreso se encuentra dentro del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, por lo que sostuvo que las disposiciones relacionadas con la integración de los ayuntamientos no pueden modificarse en este momento.
Por ello, indicó que las adecuaciones legislativas derivadas de la resolución de la SCJN se realizarían una vez concluida la contienda electoral de 2027.
El legislador reiteró que el Congreso atenderá el ordenamiento judicial y se mantendrá pendiente de las disposiciones del máximo tribunal.
Pável Gaspar defiende iniciativa aprobada por el Congreso
El también coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defendió el procedimiento mediante el cual se impulsó la reducción del número de regidurías.
Recordó que la iniciativa fue elaborada, discutida y aprobada por el pleno del Congreso, por lo que descartó considerar la resolución judicial como una derrota para el Poder Legislativo.
Sin embargo, reconoció que corresponde al Congreso atender lo determinado por la Suprema Corte, como ha ocurrido con otras disposiciones legales.
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