La crisis de los migrantes
Puebla históricamente es un paso de indocumentados que, de Centroamérica o del sur del país, viajan con destino a Estados Unidos. Se trasladan solos, en grupo o bajo el resguardo de polleros. Llegan a casas de seguridad de los traficantes o son recibidos por la pastoral que los atiende y recibe con alimentos y cobijo.
Por ejemplo, ahora algunos de ellos están en el Polideportivo de Xonaca a la espera de una visa humanitaria que les permita estar en México mientras logran su gran cometido o sueño que es llegar a Estados Unidos.
Pero el país no ha logrado resolver de una forma adecuada el conflicto, aunque oficialmente jamás se aceptará, somos el muro fronterizo con Centroamérica y por corrupción se permite el paso de tráileres repletos de migrantes hacinados con destino Puebla, primero, y de aquí a alguna ciudad fronteriza con la Unión Americana.
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Por lo pronto, para que quedara claro, desde el título, Human Rights Watch (HRW) se va directo y a la cabeza: “EE. UU. y México: Reanudar ‘Quédate en México’ es una aberración. Reformas superficiales no evitarán graves abusos contra solicitantes de asilo”.
El pronunciamiento oficial de HRW del 9 de diciembre, señala: (reactivar el programa) expondrá a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos (…) Si bien el programa ha sido modificado por la administración Biden, hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar ‘Quédate en México’ puedan hacerlo de un modo que respete los derechos humanos”.
“No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de modo que respete sus derechos. Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”.
Pues, por lo pronto la decisión ya está en marcha y, desde el 6 de diciembre, un número indeterminado de extranjeros empezaron a ser enviados a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperen allí, quizá meses, el resultado de sus solicitudes.
La organización no confía en que Estados Unidos cumpla con su palabra de mejorar el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, porque esto depende de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para que los remitan a una entrevista con un funcionario que entienda del tema.
Todo lo anterior, sin omitir que en el programa hay ciudades en el estado de Tamaulipas, adonde campean los secuestros y los homicidios contra migrantes. Y por si se dudara, HRW cita al Departamento de Estado y su reciente alerta de “No viajar” para esa entidad federativa.
Entre enero de 2019 y enero de 2021, Donald Trump envió más de 71 mil solicitantes de asilo a México como parte del programa ‘Quédate en México’. El resultado fue un desastre y Joseph Biden lo envió a la congeladora en junio.
La acción de Biden se vino abajo por una decisión de la Suprema Corte, bajo promesas de “mejoras de carácter humanitario”, incluyendo “acceso a asesoría legal” y no inscribiendo en el programa a “personas particularmente vulnerables”.
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La Corte estadounidense ordenó que los enviados a México deberían tener “acceso a albergues y medios de transporte seguros” y “obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud en México”.
Es evidente que nada de lo que pidió la Corte en Estados Unidos se cumplirá en México.
Empero, hay dos grupos antagónicos que sí cumplirán su palabra: los indocumentados, que no dejarán de intentar el cruce fronterizo con programas y sin ellos. Y, también honrarán su palabra los grupos de la delincuencia organizada.
El legendario “Padre Prisciliano”, párroco en Altar (Sonora) y director de un albergue comunitario, comentaba a un medio estadounidense que, un centroamericano que es secuestrado por los cárteles, al menos les representa a éstos una ganancia de 5 mil dólares, pidiendo el rescate correspondiente a su familia.
HRW tiene razón en lo que denuncia, pero de origen hay un error descomunal.
La Corte estadounidense no tiene jurisdicción en México ni poderes para castigar o premiar su conducta.
A menos que en Washington, D.C., crean que ya somos una colonia.
De las anécdotas que se cuentan
Las botas metálicas siguen escuchándose en la administración pública federal.
Toca su turno a BIRMEX, la productora de vacunas de México. Jens Pedro Lohmann Iturburu será el nuevo director general, tras enviar a Pedro Zenteno Santaella al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Revisando, los méritos del nuevo director de BIRMEX no permiten identificar nada que explique su nombramiento, entiéndase como experto en biológicos, vacunas o instalaciones de frontera médica y virológica.
Con Arma de Artillería, es egresado del Colegio Militar y cursó una maestría en Administración Pública. En su currículo aparece de inmediato que fue oficial de la Fuerza de Tarea Cóndor.
Las costuras de su nombramiento alcanzan a verse en un detalle: fue agregado militar y aéreo adjunto en la Comunidad de Estados Independientes (Ruanda, Polonia y Rumania) con sede en Moscú.
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Más allá de esto último fue director general de Administración de Transportes Aéreos Presidenciales. Tiempo después, fue subdirector general de la Industria Militar y comandante de la IV Región Militar con sede en Monterrey, Nuevo León.
Este personaje se desempeñaba como director normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE, antes de llegar a una empresa que requiere de un manejo preciso en temas financieros y de un conocimiento profundo de productos biológicos.
Nada de esto se alcanza a ver en el perfil de su nuevo director, salvo que los civiles son desagradables para un presidente que solo admite el cumplimiento de sus propuestas como única respuesta.
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*ARD
