No, al aumento al transporte
Acostumbrados a chantajear a las autoridades para conseguir sus objetivos, que se concentran en mayores ingresos y peor servicio, los concesionarios y permisionarios poblanos del transporte público recibieron una respuesta inmediata del gobernador Miguel Barbosa Huerta: no habrá aumento a las tarifas del pasaje en 2022.
Con la amenaza de un paro generalizado del servicio en el estado, presentaron un pliego de peticiones en el que para empezar desconocen la Ley de Transporte apenas aprobada a finales de noviembre pasado y exigen que sea reformulada con seis propuestas.
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Entre otras, un “plan de negocios”, que contempla subsidio oficial y aumento en las tarifas.
Samuel Méndez, representante de 17 mil concesionarios de transporte público y 15 mil permisionarios de taxis, señaló que presentarán un plan de negocios a la Secretaría de Movilidad y Transporte para darle a conocer “cuánto recurso necesitamos para modernizar las unidades y colocar los sistemas de seguridad que actualmente no se pueden conectar al C5”.
Muy fácil para ellos, siguen con el negocio y el gobierno les da dinero para mejorar su chatarra e instalar medidas de seguridad en el interior de sus unidades, cuando Puebla es una de las entidades donde más asaltos hay en el transporte público.
Señalaron que al permitir la circulación de mototaxis provocará, sobre oferta de servicio, que impacte aún más al transporte público, y hacen cuentas de que tendrán perdidas económicas.
Por lo pronto, tuvieron respuesta oficial.
La tarifa en el transporte público no aumentará en Puebla, señaló el gobernador, quien aclaró que su gestión respeta a los transportistas, sin embargo, recalcó que no dejará amagarse por grupos clientelares, los cuales incluso han obtenido provecho del transporte irregular.
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Agregó que su administración no permitirá que existan rutas que se obstaculicen o dupliquen, ni que las unidades del transporte público transiten por los carriles confinados de la Red Urbana de Transporte Articulado, como amenazaron algunos transportistas.
Y ante la amenaza de paro de actividades de los operadores, el gobierno estatal resolverá esta situación, al insistir que no se dejará presionar en perjuicio de la sociedad.
Barbosa Huerta insistió que, mediante la nueva Ley de Transporte del Estado de Puebla, el gobierno combatirá a las unidades irregulares, regulará el transporte público y corregirá y retomará el proyecto para que los vehículos cuenten con cámaras de videovigilancia que deben estar conectadas al C5.
“Todo va a ser con transparencia, nada con simulación, nada de negocios, entonces vamos caminando bien; que respeten la ley que nosotros los vamos a respetar a ellos y vamos a otorgar concesiones donde sea legítimamente procedente”, precisó.
Mal hacen los transportistas y sus asesores en intentar presionar al gobierno del estado, si se cumple la ley más de uno perderá sus concesiones y permisos.
Si el transporte público dejó de ser un negocio rentable, que lo tomen otros, al fin hay demanda de trabajo.
De las anécdotas que se cuentan
La organización “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” publicó una investigación que deja muy mal paradas a ciertas áreas de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora convertida en repartidora de vacunas, así como constructora de aeropuertos y trenes, entre docenas de actividades civiles más.
En 2020, Chihuahua pagó 22 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional para la compra de 570 armas y 714 mil cartuchos, y para agosto de 2021 no habían recibido el armamento.
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Similar es el caso de Baja California, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México.
Según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría en comento no entregó más de 122 millones de pesos en armas, municiones, cartuchos y cargadores para armas largas y cortas a 21 estados del país.
Podría pensarse que es un tema coyuntural pero no es así. En 2018, la ASF identificó 32 millones de pesos en armamento no entregado a nueve estados, pero en 2019 ya eran 42 millones de pesos con 11 estados afectados.
Fue 2020 donde el comportamiento ya no era accidental, 122 millones de pesos en armamento no entregado, afectando a 21 estados.
Dicen los expertos que esa acción unilateral para no entregar el armamento ya pagado, no puede verse solamente como algunos sectores de la prensa lo han señalado, en el sentido que es “jineteo” para que alguien se quede con un dinero mal habido.
Señalan que el verdadero problema es la combinación de tener policías estatales y municipales sin capacidad para combatir a la delincuencia, tanto común como organizada, además de obligar a las entidades a pedir tropas federales.
El tema es preocupante y a juzgar por los datos, seguirá escalando conforme el paso del tiempo.
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*ARD
