La Reforma Judicial es la prioridad y debe estar aprobada a más tardar en septiembre próximo.
En el último diálogo nacional para el análisis de la reforma al Poder Judicial, especialistas, ministros y legisladores avanzaron en la definición del método de elección, así como en los criterios y la convocatoria para evitar la designación de jueces, ministros y magistrados por cuotas.
El diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que en el proceso que se defina para la elección de jueces y magistrados estará garantizada la participación ciudadana, la idoneidad, la gradualidad, el impulso a la carrera judicial y la integración de Comités Técnicos que garanticen la autonomía e independencia del Poder Judicial y romper con el régimen de cuotas.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, manifestó su disposición de trabajar en conjunto con el Congreso a fin de organizar la elección de juzgadores en los términos que determine el Poder Legislativo, con relación a la propuesta de iniciativa en materia de Reforma al Poder Judicial.
Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Suprema Corte, coincidió con el presidente de la República al decir que “el pueblo es sabio y sabe elegir”, por ello propuso que el voto popular permita evaluar el desempeño de las personas juzgadoras, “usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban de permanecer en el cargo, o bien, deban de ser removidos”.
La ministra Yasmín Esquivel propuso establecer con un artículo transitorio, que tanto magistrados de circuito, juezas, jueces de distrito actualmente en funciones, participen en una jornada electoral de revocación del cargo dentro de la circunscripción electoral en donde se desempeñan, a fin de que se les revoque su nombramiento, si así lo determina la mayoría de la ciudadanía.
Faltan aún dos diálogos y en agosto estará listo el dictamen para que la próxima legislatura en su primer mes de funciones, septiembre, apruebe la reforma al Poder Judicial que impulsará la elección de ministros, magistrados y jueces en todo el país.
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Durante junio, 70 por ciento de los habitantes de la ciudad de Puebla desconfiaron del desempeño de sus autoridades municipales para resolver problemáticas de interés, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI informó que esta situación prevalece en los 32 estados del país.
En Puebla, de un millón 584 mil 611 poblanos mayores de 18 años entrevistados en el estudio, un millón 112 mil 26 capitalinos aseguraron que el ayuntamiento es poco o nada efectivo para resolver problemáticas. Es el 70.2 por ciento del total de los encuestados.
La capital supera en cuatro puntos porcentuales la media nacional de percepción de inefectividad del gobierno de la ciudad que se ubica en 66 por ciento. El INEGI destaca que, durante el mes de junio, 76.7 por ciento de los poblanos se sintieron inseguros en Puebla y 37 de cada 100 poblanos fueron víctimas de algún robo o extorsión.
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Por conflictos generados por la falta de regulación de una cancha deportiva, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió una recomendación al presidente municipal de Acatzingo, Abraham Martínez. Hay una presunta violación al derecho humano de petición y seguridad jurídica en contra de una persona que denunció agresiones recurrentes y daños a su patrimonio.
De acuerdo con el expediente 7557/2022, el denunciante presentó un escrito ante el Ayuntamiento de Acatzingo, el pasado 11 de julio de 2022, para solicitar que se regule una cancha de futbol que se encuentra cerca de su domicilio y le causa conflictos con sus vecinos.
La autoridad municipal negó tener conocimiento con relación al escrito o haber llegado a un acuerdo al respecto, por lo que la persona denunciante pidió ayuda a la CDH Puebla para frenar los desperfectos a su inmueble y agresiones de las que es víctima junto a su familia, por eso la recomendación.
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El déficit público de 3.5% con relación al tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) que el gobierno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, está considerando para llevar a cabo la consolidación fiscal en 2025, es consistente con lo previsto y no provocará una recesión, señaló la Secretaría de Hacienda.
El jefe de los Requerimientos Financieros del Sector Público, Rodrigo Mariscal Paredes, precisó “Yo creo que están haciendo referencia al déficit del RFSP por el número que están manejando, porque coincide con lo que presentamos en PreCriterios [de 2025]”.
Sobre el efecto que podría tener en la economía el proceso de consolidación fiscal, que emprenderá el próximo gobierno para reducir el déficit como se prometió, ante el mayor gasto para concluir las grandes obras del actual sexenio, aseguró que no provocaría una recesión, aunque el crecimiento económico se detendrá en este segundo semestre. Al tiempo.