A la pregunta: ¿sólo familiares de personas privadas de su libertad en el Cereso de San Miguel bloquearon el martes cruceros y avenidas vitales de Puebla?
La respuesta la dio unas horas después el propio gobernador Alejandro Armenta, quien señaló que existen indicios de que algunos participantes, quienes iban encapuchados y armados, recibieron dinero para cerrar las vialidades durante horas.
Afirmó que, de acuerdo con lo informado al secretario de Gobernación, algunos participantes en los bloqueos recibieron 400 pesos por participar en las movilizaciones, por lo que pidió investigar quién estuvo detrás de la organización de las protestas, que no fueron sólo familiares de los presos en San Miguel.
Precisó que algunos manifestantes acudieron encapuchados y portaban armas de fuego, mientras que el gobierno estatal tenía disposición para establecer mesas de diálogo en cada uno de los puntos donde se realizaron los bloqueos.
Armenta informó que el miércoles sostuvo una reunión con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades de inteligencia federal para revisar las denuncias relacionadas con irregularidades al interior del penal de San Miguel, lo que propuso la presidenta Sheinbaum ayer jueves para que intervenga el gobierno federal en San Miguel.
Aunque los familiares de las personas privadas de la libertad tienen derecho a manifestarse, consideró sospechoso que las movilizaciones se realizaran de manera sincronizada y que sus participantes rechazaran las propuestas de diálogo.
Armenta sostuvo que las protestas duraron horas y que, una vez cumplido un plazo, los participantes se retiraron sin aceptar las mesas de atención que estaban disponibles con delegados y subsecretarios de Gobernación.
Todo indica que por su forma de actuar hay detrás más intereses y no sólo la renuncia del director del penal y el cese de las extorsiones del autogobierno.
Todo indica que hay grupos criminales detrás del bloqueo que colapsó a la ciudad de Puebla y más de 20 municipios de su zona metropolitana y vecinos.
Sobre las exigencias de los manifestantes, el gobernador reconoció que uno de los planteamientos fue que se trasladen a dos o tres internos considerados de alta peligrosidad a otros centros penitenciarios. Esta medida se realizará durante esa semana y las autoridades federales y estatales revisarán a fondo el funcionamiento del penal de San Miguel.
Es más, las personas que se sientan amenazadas por alguno de los internos pueden presentar sus denuncias ante la Secretaría de Gobernación estatal o directamente ante él.
El de los bloqueos del martes, no fue cualquier grupo y por su forma de actuar, la quema de llantas y petardos, y estaban preparados para todo, incluso para enfrentarse a los cuerpos de Seguridad.
Un experto en Inteligencia Militar señaló que los petardos utilizados son característicos de los que usan en las movilizaciones los grupos del crimen organizado en Sinaloa y Michoacán y esa línea de investigación es la que siguen en el Gabinete de Seguridad.
La presencia criminal puso en jaque a la ciudad de Puebla y su zona metropolitana, las autoridades lo reconocen.
Lo primero es acabar con el autogobierno del penal de San Miguel.
De las anécdotas que se cuentan
En una semana en la que se destruyeron dos narcolaboratorios y una granja de criptomonedas en territorio poblano, hubo movilizaciones que superaron la demanda de Seguridad y Justicia.
Quizá los bloqueos que afectaron a los poblanos el martes no son narcobloqueos, pero como se parecen.
Los narcobloqueos son acciones realizadas por integrantes de organizaciones criminales para ejercer presión sobre autoridades o la sociedad, normalmente con el fin de exigir la liberación de sus líderes.
Además de los bloqueos físicos, los integrantes de la célula criminal difunden fotografías y videos de los hechos en redes sociales, amplificando el impacto y generando alarma pública.
Los de Puebla quizá no fueron narcobloqueos, pero como se parecen.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
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Facebook: Fernando Crisanto
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