Se escucha un clamor en la Sierra Norte de Puebla: “no más delincuentes al poder”.
La detención de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, y sus consecuencias provoca preocupación, especialmente, en Zacatlán, Chignahuapan y Ahuazotepec por sus complicidades con autoridades municipales, mandos policiacos y políticos serranos, que se confirmaron por la investigación que dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
No es gratis que previo a las elecciones estatales y federales de 2027 se tomen medidas para impedir que sus aliados no sólo aspiren a candidaturas, sino que lleguen al poder.
Lo que sucedió con El Moco, que compitió con Fuerza por México, por la presidencia municipal de Chignahuapan, en 2024.
Avalada por el gobernador y los cuerpos de Seguridad, la Fiscalía sugirió hacer pruebas de confianza y de polígrafo a todos los aspirantes a alcaldes y diputados de todos los partidos para descartar vínculos, incluidos los actuales presidentes municipales con sus familiares cercanos.
Se tiene la certeza de que algunos toleraban o eran cómplices de las actividades delictivas de la banda dedicada a la extorsión, el homicidio, la venta de drogas, los asaltos y la privación ilegal de la libertad, en Puebla e Hidalgo.
Los elementos le aseguraron al líder criminal: armas de fuego, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación.
El gobernador Alejandro Armenta advirtió a las dirigencias de todos los partidos políticos —tanto del bloque de Morena, como a los de oposición— para evitar la postulación de personas vinculadas con la delincuencia de cara al proceso electoral local de 2026 y las elecciones de 2027.
Criticó que algunos partidos justifiquen el registro de perfiles sospechosos amparándose en la falta de una sentencia firme, y advirtió que quienes permitan la entrada a perfiles criminales se enfrentarán directamente a la Fiscalía del Estado y al Tribunal Superior de Justicia.
La posición se generó luego de la detención y traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano de "El Moco", excandidato en Chignahuapan acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas.
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reveló que "El Moco" mantenía una nómina de complicidades que incluía a servidores públicos de distintos niveles y aspirantes a cargos de elección.
Por eso, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla avalan que se apliquen pruebas de confianza y de polígrafo a las actuales autoridades, a sus familiares y los aspirantes de todos los partidos políticos para garantizar que no lleguen a puestos gubernamentales los criminales, personajes ligados a ellos o sus familiares como ocurría con “El Moco” en la Sierra Norte y en Hidalgo.
El clamor recorre la Sierra y la sociedad en público y en privado exige: “no más criminales al poder”.
De las anécdotas que se cuentan
Juan Lira Maldonado, alias "El Moco", utilizaba el dinero en efectivo que le fue decomisado por la policía para financiar la entrega de despensas con el fin de coaccionar el voto y promocionar a candidatos a cargos de elección popular en la Sierra Norte de Puebla.
Al momento de su captura por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, se le vinculó directamente con delitos electorales, ya que pretendía usar los recursos y los víveres para consolidar su estructura delictiva e influir en los procesos políticos de la región.
Por eso, los aspirantes a puesto de elección popular, de todos los partidos políticos, incluidos Morena y sus aliados y la oposición, están hoy bajo sospecha.
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