El sindicato independiente de trabajadores de Volkswagen decidió prorrogar la huelga, que debió estallar ayer a las 11 de la mañana, con una certeza: no recibirá el aumento salarial y contractual que demandaba del 17 por ciento.
La armadora sabe ya que el incremento al salario y prestaciones no será mayor a un digito, pero si superior al 4 por ciento que propusieron originalmente.
En realidad, a ninguna de las partes le conviene que las banderas rojinegras luzcan en las puertas de la armadora y se pare la producción en la segunda planta más grande alemana, que es la primera productora de Europa y una de las más importantes vendedoras de vehículos en el mundo.
La prórroga es de cinco días y vence el domingo 23 de agosto, para entonces las partes deberán llegar a un acuerdo que permita mantener la producción en sus líneas y preparar la del Golf híbrido para 2027.
Si a la empresa y el sindicato no les conviene la huelga, menos a la sociedad poblana y en eso hay un notable consenso social.
EU va por capturar narcos y políticos
A raíz del retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, detonaron una serie de versiones en el corto plazo de acciones policiacas y militares contra políticos mexicanos.
Son trascendidos que pueden tener elementos de verdad, pero aún no están confirmados.
Lo que cuenta son hechos como las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien el pasado domingo confirmó que ambos países firmaron un acuerdo que permitirá a México adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas, a costos competitivos, para combatir al crimen organizado.
Cuando estaba más alta la especulación de las consecuencias del retiro del visado al hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fue cobijado por la cúpula de Morena, el embajador estadunidense dijo en un mensaje en redes sociales, que esta semana el secretario del Ejército de aquel país, Daniel Driscoll, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México “firmaron una declaración de intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías”.
Agregó que esta tecnología “fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los carteles» y hacer frente a los retos de seguridad bilaterales”.
En un segundo mensaje, Johnson indicó que la cooperación bilateral en materia de seguridad, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: “serán capturados y rendirán cuentas”.
Una semana antes, la designación de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras elevó la presión de Estados Unidos sobre sus líderes y también el monto de las recompensas por información que lleve a su captura.
Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, a quien autoridades estadounidenses identifican como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pasó de tener una recompensa de 5 millones de dólares en 2021 a una de 25 millones este año, la cifra más alta ofrecida actualmente por un capo mexicano.
A ello se suman recompensas por más de 100 millones de dólares para otros siete integrantes de la organización.
La recompensa por el supuesto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", es incluso cinco veces mayor que lo que ofrecía por Joaquín "El Chapo" Guzmán, el fundador del Cártel de Sinaloa y alcanza el monto para Osama bin Laden, líder de Al Qaeda.
La justicia estadounidense cuenta actualmente con una bolsa de más 200 mdd por otros criminales mexicanos integrantes de "Los Chapitos", La Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Entre los objetivos de EU están Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de "Los Chapitos"; Johnny Hurtado Olascoaga, de la Nueva Familia Michoacana; y Luis Enrique Barragán Chávez, de Cárteles Unidos, entre otros.
Todos ellos forman parte de los cárteles calificados como organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump. Es notable que en esas listas no haya políticos mexicanos, pero de que hay más de uno en sus investigaciones los hay y las consecuencias para México.
De las anécdotas que se cuentan
Durante décadas, capos mexicanos de la droga con nombres como el Chapo y el Mencho han sido los rostros de la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico mexicano. Ahora, el gobierno de Donald Trump ha adoptado un nuevo objetivo: políticos que aceptan dinero sucio para ayudar a los criminales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a los carteles de “usar cada vez más [sus] ganancias ilícitas para hacer pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas”. Su objetivo, decía el comunicado, era elegir a candidatos “dispuestos a defender a los carteles y sus intereses”, en menos de un año habrá nuevamente elecciones en México.
No es ningún secreto que los grupos del crimen organizado en México vierten dinero en campañas electorales, especialmente a nivel local. Pero rara vez los funcionarios mexicanos lo abordan abiertamente.
La alerta de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro desató un ruido, y analistas la vieron como la señal de que Estados Unidos quiere ir tras no solo los jefes de los carteles, sino también sus presuntos facilitadores en el gobierno.
En el último año, la administración Trump ha revocado las visas estadounidenses de al menos una gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, y de numerosos alcaldes.
Y en un movimiento poco común, fiscales estadounidenses imputaron a un gobernador en funciones —Rubén Rocha Moya, de Sinaloa— por permitir que los narcotraficantes operaran a cambio de sobornos y apoyo electoral.
Tanto Rocha como Ávila, ambos de Morena, han negado haber cometido irregularidades.
Fueron los primeros, pero seguro no serán los únicos de esas listas. Al tiempo.
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*ARD
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