Con una gran presencia en la Sierra Norte de Puebla –Huauchinango, Xicotepec y Juan Galindo-, el personal directivo y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, empezaron a perder privilegios que consiguió en sus alianzas, primero con el PRI y luego con Morena.
Resulta que los nuevos registros oficiales de obligaciones de transparencia muestran que las pensiones de algunos ex funcionarios de Luz y Fuerza del Centro quedaron en 56 mil 362 pesos mensuales, después de haber alcanzado montos de hasta 1.9 millones de pesos cada 30 días.
La información, con corte a junio pasado, señala que los ex trabajadores que antes aparecían con pagos millonarios ahora tienen registrado el mismo monto mensual.
El ajuste se produjo después de que el gobierno federal exhibió a principios de año a beneficiarios de las llamadas “pensiones doradas”. Posteriormente, algunos pagos llegaron a registrar incrementos de hasta 90 por ciento.
Por ejemplo, uno de los casos corresponde a Jorge Evodio Chapa de la Torre, ex subdirector de Luz y Fuerza.
El 13 de marzo, cuando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó el padrón de jubilados y pensionados de distintas empresas del Estado, con información del ejercicio fiscal 2025, el ex funcionario aparecía con una pensión superior al millón de pesos mensuales.
Una revisión posterior a las obligaciones de transparencia, actualizadas al 31 de marzo, encontró que el monto atribuido a Chapa de la Torre aumentó hasta un millón 914 mil 55 pesos mensuales.
En esos registros también aparecieron otros ex funcionarios con pagos millonarios: Edgar Velázquez Butrón tenía asignados un millón 842 mil 660 pesos al mes, mientras que Kenneth Sydney Smith Jacobo aparecía con un millón 842 mil 571 pesos mensuales.
Con base en la información pública disponible con corte a junio, los pagos de Chapa de la Torre, Velázquez Butrón y Smith Jacobo fueron registrados en 56 mil 362 pesos mensuales.
Los pagos se mantuvieron durante años después de que el gobierno federal extinguiera Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, al considerarla financieramente inviable. El sindicato hizo alianzas por el PRI y en especial con Morena de López Obrador para mantener sus jugosas pensiones.
De las anécdotas que se cuentan
En la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Juan Galindo o Nuevo Necaxa, que se ubica a 106 kilómetros de Poza Rica, se encuentra la cuna de la industria eléctrica mexicana: la presa hidroeléctrica Necaxa.
La obra se edificó a principios del siglo pasado, entre 1903 y 1905, aprovechando la confluencia de los ríos Tenango y Necaxa. Y para construirla el gobierno tomó la decisión de inundar el pueblo que también se llamaba Necaxa, un nombre de origen totonaco que significa “lugar de ruido del agua”. La inundación del pueblo generó otro nombre Nuevo Necaxa, actual cabecera de Juan Galindo.
Por años fue sede de uno de los enclaves del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Es uno de los espacios de la llamada resistencia civil, apoyada por el sindicalismo electricista, que desde hace varios años dejó de pagar el consumo energético tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro durante la administración de Felipe Calderón.
Y algo muy interesante es que, de finales de 2023 a principios de 2025, fue sede de granjas ilegales de criptomonedas.
En la sede de la División Necaxa del SME, ubicada a 60 metros de la presidencia municipal de Juan Galindo, en el campamento del kilómetro 153 y en la colonia Salto Chico se instalaron equipos de cómputo especializado dedicados, día y noche, a resolver cálculos matemáticos y extraer divisas virtuales, señalaron los pobladores.
“El caso más evidente fue el instalado en la sede de la División Necaxa, una construcción de más de 5 mil metros cuadrados, aproximadamente, de donde salía un intenso ronroneo que se escuchaba a varias cuadras a la redonda provocado por centenas de equipos de cómputo.
“En el costado izquierdo del inmueble, sobre la calle García Cubas, una gruesa conexión ilegal a la red del fluido eléctrico alimentaba los equipos, como aún se observa en el historial de Google Maps de mayo de 2024”, revela una investigación del diario El Siglo de Torreón.
Pero todo esto terminó en enero de 2025, cuando autoridades federales entraron a confiscar los equipos y cortar las conexiones.
La CFE no ha querido informar la cantidad de energía eléctrica que se consumió en ese lugar ni en otras ubicaciones del SME en Juan Galindo, pero un grupo de disidentes del sindicato que pusieron una denuncia penal contra la dirigencia ante la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero lo calcula en decenas de millones de pesos.
La respuesta oficial ha sido el silencio.
En junio de 2025, Mario Benítez y Ricardo Arenas, integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU), un grupo de electricistas disidentes, se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar el huachicol eléctrico usado para minar criptomonedas dentro de instalaciones del SME en la sierra poblana, así como en el Estado de México e Hidalgo.
En el documento que entregaron a la FGR acusaron directamente a Martín Esparza, secretario general del SME; Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior; Román Olvera García, subsecretario de la División Necaxa, y Miguel Márquez, secretario del Fomento a la Salud, además actualmente diputado local en Puebla del Partido Verde.
Hay dos condiciones necesarias para que el minado de criptomoneda resulte un buen negocio: que el consumo de energía eléctrica sea barato y que tengas a la mano suficiente agua que alimente a los sistemas de enfriamiento para los equipos de cómputo que no te impliquen grandes costos. Ambas condiciones se concentran en Juan Galindo, una población con pago cero de energía eléctrica y la presa Necaxa con sus millones de litros de agua a disposición, explican Mario Benítez y Ricardo Arenas en su denuncia de junio de 2025.
En abril de este año el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, dio a conocer en rueda de prensa que se habían desmantelado granjas de criptomonedas en el municipio de Juan Galindo, pero aseguró que no podía confirmar en ese momento si el SME era el responsable: “eso es parte de las investigaciones. Cuando tengamos una conclusión se les informará”, indicó.
El silencio domina a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que está metida en un brete.
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*ARD
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