La industria minera mexicana tiene unos 11 mil millones de dólares en proyectos de inversión que no han podido despegar por falta de autorizaciones, señaló el presidente de la Cámara Minera de México, Pedro Rivero, en su Informe Anual 2026.
Rivero explicó que los permisos condicionan la posibilidad de avanzar desde la exploración hasta la construcción y ampliación de minas, por lo que agilizar las autorizaciones enviaría señales positivas a inversionistas.
“Tenemos alrededor de 11 mil millones de dólares que están detenidos en inversión en diversos proyectos que ahorita no podemos hacer que despeguen porque no hemos llegado todavía a lograr éxito con las autorizaciones”, señaló durante su reporte anual de la Camimex.
Puebla es un estado importante para los inversionistas en minería, pero aquí se ha vivido la cancelación de las concesiones otorgadas, por ejemplo a la empresa Minera Frisco en los municipios de Coxcatlán, Yaonáhuac y Tlatlauquitepec.
Hecho sucedido el año pasado y que fue celebrado como un logro histórico por comunidades indígenas y mestizas de la Sierra Norte de Puebla, que durante más de una década sostuvieron una lucha jurídica y de movilización social para frenar los proyectos extractivos.
El anuncio se dio en el marco de la 45ª Asamblea en Defensa del Territorio, realizada en el auditorio de Acaxiloco, donde representantes del Consejo Tiyat Tlali entregaron el expediente completo del proceso legal que permitió anular las concesiones de Minera Frisco.
El documento servirá como precedente para fortalecer futuros protocolos de consulta indígena en defensa de los derechos colectivos.
Hay una preocupación por la minería de feldespatos en Zacatlán, pues las comunidades denunciaron que cuatro empresas —dos mexicanas y dos extranjeras— han provocado deforestación, contaminación y desabasto de agua, agotando incluso antiguos manantiales, lo que sucede actualmente.
Los pueblos indígenas del estado ratificaron su compromiso de continuar construyendo planes de vida comunitarios sustentados en la preservación de semillas nativas, la comunicación indígena, la educación intercultural, la economía solidaria, la salud comunitaria y el fortalecimiento de sus estructuras organizativas.
Por su parte, la Cámara sostuvo que el sector está preparado para invertir más de 14 mil millones de dólares en proyectos, siempre que existan condiciones, mientras que la inversión minera de 2025 alcanzó cerca de 4 mil 896 millones de dólares y se destinó principalmente a ampliar operaciones, mejorar procesos, seguridad y protección ambiental.
El presidente de la cámara reconoció que algunas autorizaciones ambientales han comenzado a avanzar, sobre todo para operaciones existentes, pero advirtió de la escasa actividad en el otorgamiento de nuevas concesiones desde la reforma a la legislación minera de 2023.
Según Rivero, esa situación representa un problema de largo plazo porque la búsqueda de nuevos yacimientos comienza con las concesiones y la exploración, mientras que el desarrollo de una mina requiere estudios técnicos, ambientales y sociales que pueden tomar años antes de traducirse en producción.
La directora general de Camimex, Karen Flores, relacionó esta falta de nuevos proyectos con el comportamiento de la minería mexicana en 2025: aunque el valor de la producción aumentó con fuerza por los mayores precios internacionales, el índice de volumen físico permaneció prácticamente sin cambios.
La cámara considera que la exploración será clave para sustituir reservas y enfrentar el agotamiento natural de algunas minas en operación.
Sin nuevos descubrimientos, la reducción progresiva de reservas puede conducir al cierre de operaciones y a la pérdida de beneficios económicos y laborales en las regiones mineras.
De acuerdo con su reporte, el sector ganó valor por el auge internacional de los metales, pero no aumentó materialmente su volumen de producción por años de baja exploración, permisos, menor inversión en nuevos proyectos y agotamiento natural de las minas.
En Puebla, son las comunidades indígenas las que son la oposición al establecimiento de mineras porque están convencidos que daña el medio ambiente y afecta su organización social.
La ley vigente establece que debe existir consenso de la comunidad para otorgar los permisos para la exploración y la explotación de minas.
Ahora el objetivo es echar abajo lo que llevan a cabo las empresas en la región de Zacatlán. Pronto habrá noticias.
De las anécdotas que se cuentan
José Luis García Parra, el poderoso coordinador de Gabinete del gobierno estatal, recibió la semana pasada su credencial como militante de Morena.
El partido pretende alcanzar un millón de militantes en la entidad; hasta diciembre de 2025, registraron 552 mil.
García Parra es ya militante de Morena, aunque por lo pronto no comentó que quiera competir por una posición electoral en el corto plazo.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
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Facebook: Fernando Crisanto
*ARD
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