La semana pasada estuvo en Puebla la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.
Llegó a evaluar su estructura territorial, a nombrar a un nuevo delegado y a dejar en claro que le toca a la dirigencia nacional la decisión definitiva de quienes serán sus principales candidatos a ediles y legisladores federales locales para 2027.
Por lo pronto, el partido prepara un mecanismo interno de revisión para aspirantes a cargos de elección popular el próximo año, en el que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, será la referencia clave en un filtro que incluirá a instancias de seguridad federal, de acuerdo con planteamientos de la dirigencia nacional de Ariadna Montiel.
La presidenta del partido precisó, en público y en privado, que los perfiles serán evaluados en dos etapas, con el objetivo de detectar posibles antecedentes negativos antes de definir candidaturas.
En una primera fase, se solicitará información al Gabinete de Seguridad, incluyendo a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Gobernación.
“En general, las instituciones de seguridad del país que nos den información que nos permita conocer si alguien tiene malos antecedentes de toda índole, que nos permita evitar postularlos, para que cumplamos con el compromiso con el pueblo de presentar los mejores candidatos”, comentó.
De acuerdo con versiones del entorno de la dirigencia nacional, este proceso ha sido interpretado como la conformación de una “lista negra”, en la que quedarían incluidos perfiles considerados “indeseables” para el partido, salvo que logren acreditar su situación mediante investigaciones formales de la Fiscalía General de la República.
De ese tamaño son las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum por lo que escucharán las propuestas de los gobernadores, pero no serán las únicas y tampoco las definitivas.
Por ejemplo, entre los nombres mencionados en este contexto destaca Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, quien ha sido señalada en carpetas de investigación relacionadas con presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, sin que exista vinculación a proceso.
También anotaron al diputado federal Cuauhtémoc Blanco, señalado públicamente en denuncias por agresión sexual.
Fuentes consultadas indicaron que al menos cuatro gobernadores en funciones de Morena podrían verse impactados por este filtro, entre ellos Alfonso Durazo de Sonora, Américo Villarreal de Tamaulipas, Rubén Rocha Moya de Sinaloa y Marina del Pilar mandataria de Baja California.
El proceso y las instrucciones también tendrán implicaciones para quienes busquen mantenerse en cargos legislativos, ya que quedarán fuera de las postulaciones, incluidas las plurinominales, con ello perderán el fuero constitucional.
Hay gobernadores que buscarán regresar al gabinete federal, escenario que se evaluaría en función de su viabilidad política dentro de este nuevo esquema de revisión, donde los mañosos e implicados en temas delicados no pasarán por instrucciones de la presidenta Sheinbaum y de su dirigente de partido Ariadna Montiel.
En Puebla, ¿cuantos aspirantes morenistas no pasarán estos requisitos de honestidad y rectitud indispensables para ser candidatas y candidatos en 2027?
De las anécdotas que se cuentan
En Puebla, durante el primer bimestre de 2026, el estado acumuló 339 carpetas de investigación por robo de autopartes, lo que lo colocó en el tercer lugar a nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La cifra representa un incremento del 12.6% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 301 denuncias.
La ciudad de Puebla concentra la mayor parte del problema: 264 carpetas de investigación, lo que equivale a ocho de cada diez casos en todo el estado. La frecuencia representa un robo cada cuatro horas.
En Puebla, el robo de autopartes ya no es un hecho aislado, es parte de la vida cotidiana.
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