Corrupción en la SEP

La percepción de la corrupción en la Secretaría de Educación Pública de Puebla es un tema de preocupación social.

Actualmente con investigaciones en curso y auditorías recientes que han confirmado irregularidades en la asignación de plazas docentes y otros procesos. La gravedad del problema se refleja en las acciones tomadas por el propio gobernador Alejandro Armenta y la percepción ciudadana sobre la corrupción en ciertas dependencias y niveles de gobierno.

Expedientes incompletos y relaciones familiares que no son debidamente transparentadas en los procesos de selección para la asignación de plazas, forman parte de las irregularidades que se cometieron en pasadas administraciones en la SEP estatal.

El 5 de enero, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, presentó resultados preliminares del diagnóstico que emprende la actual administración sobre la asignación irregular de plazas temporales y definitivas.

Desde 2021, hay una percepción de corrupción en Puebla. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción es percibida como uno de los principales problemas en el estado de Puebla. Una encuesta de ese año indicó que el 91.3% de los poblanos consideraba que los actos de corrupción son una práctica frecuente en la entidad, quizá por ello el interés del gobernador Armenta de insistir cotidianamente en la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Puebla fue calificado como uno de los estados con mayor prevalencia de corrupción en el país, según las encuestas oficiales.

La secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno estatal confirmó una auditoría a las operaciones de la SEP de los últimos 10 años debido a irregularidades en la entrega de plazas docentes. La auditoría fue instruida por el gobernador para investigar a fondo los procesos administrativos.

Las auditorías iniciales detectaron irregularidades, nepotismo, y expedientes incompletos en la asignación de plazas magisteriales. Incluso se ha reportado la asignación de plazas "por palanca" o con criterios no transparentes. Estas irregularidades han provocado problemas como plazas magisteriales no ocupadas, lo que a su vez genera rezago educativo en el estado.

Varios exfuncionarios de administraciones anteriores de la SEP han sido mencionados en el contexto de estas auditorías, relacionadas con la manipulación de recursos y el otorgamiento irregular de títulos y certificados.

Aunque las investigaciones formales están en curso, los hallazgos preliminares y la alta percepción de corrupción en el estado sugieren que la situación en la SEP de Puebla es lo suficientemente delicada como para requerir una intervención exhaustiva por parte de los organismos de fiscalización. Las autoridades por órdenes del gobernador Armenta están trabajando para transparentar estos procesos.

El mandatario insistió en que la auditoría en la dependencia no es una persecución política, sino un instrumento para corregir las irregularidades.

"No obedece a una persecución y tampoco hay ninguna intención de afectar los derechos laborales de los maestros. Es la respuesta a una firme convicción del gobernador Alejandro Armenta de poner orden", precisó García Parra.

Además, sin importar los resultados que arroje el diagnóstico, las plazas otorgadas conforme a la legislación en la materia no serán invalidadas. Tampoco se busca criminalizar al magisterio poblano ni poner en riesgo los derechos laborales.

García Parra comentó que los primeros resultados de la evaluación que empezó a finales de noviembre, en respuesta a una manifestación de maestros frente a las instalaciones de la SEP para exigir la asignación de plazas tipo C, es decir, de tiempo completo.

El gobernador Armenta insistió en que la revisión responde a una convicción de honestidad y uso eficiente de los recursos públicos, y recalcó que su administración respalda a los ayuntamientos mediante programas como Obra Comunitaria, siempre bajo principios de transparencia.

Las autoridades estatales señalaron que el informe final está por concluir y que, con base en sus resultados, se corregirán los procesos para garantizar legalidad, imparcialidad y transparencia en la SEP Puebla.

La demanda de acabar con la corrupción es de los maestros, el gobernador y la sociedad.

Son tiempos de recursos escasos en la gestión pública, por lo que cada peso se debe gastar de la mejor manera y lejos de los intereses personales de quienes aplican los presupuestos gubernamentales.

El compromiso es no más corrupción en la SEP, si lo consigue Alejandro Armenta los poblanos se los reconoceremos.

De las anécdotas que se cuentan

El 13 de noviembre pasado, docentes de escuelas Normales de Puebla realizaron protestas simultáneas frente a la SEP y a la Oficialía Mayor de la dependencia, en la Recta a Cholula, la que bloquearon, para exigir la liberación de por lo menos 100 plazas titular C que permanecen congeladas desde hace ocho años.  

Los inconformes, de la sección 51 del SNTE señalaron a las autoridades educativas y al gobierno estatal de mantener bloqueadas estas plazas sin ofrecer ninguna explicación formal y acusaron que la situación afecta oportunidades laborales y derechos de profesores.

Durante la manifestación, sostuvieron que las plazas titular C constituyen la máxima categoría en el sistema de normales, abarcan 40 horas y su apertura permitiría distribuir beneficios salariales y laborales hasta 12 docentes por institución.  

Denunciaron que, en lugar de abrirse a maestros con antigüedad, el gobierno estatal ha dirigido algunos puestos a personas ajenas al gremio, beneficiando a allegados de funcionarios como la hija de Artemisa García y al hijo de la exdirectora del BINE, Norma Nava Ramírez, quienes recibieron plazas, pese a no tener experiencia.

Estos es reciente, lo grave está en las gestiones anteriores que son las que revisa la auditoría ordenada por el gobernador Armenta.

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*ARD