La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de que México tenga una nueva Ley General de Aguas sigue adelante a pesar del rechazo de agricultores, pueblos originarios y organizaciones sociales.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reiteró que con las iniciativas para la expedición de la Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, “el agua deja de verse como una mercancía” y se reconoce como un derecho humano.
En la conferencia mañanera del miércoles, el director de la dependencia, Efraín Morales López, afirmó sobre las distintas versiones que circulan “con el objetivo de desinformar y generar miedo” entre los agricultores respecto de las herencias y la compraventa de tierras, la institución aclaró que “el binomio tierra-agua está garantizado” y mantienen “intactos sus derechos”.
Puntualizó que la iniciativa enviada al Congreso garantiza que los títulos de concesión heredados o los casos de compraventa conservarán “el mismo volumen, para el mismo uso y con la vigencia del título original”.
Ya no se podrán realizar prácticas como el acaparamiento, en donde “unos cuantos concentran muchas concesiones” y grandes cantidades de agua, mientras que comunidades y pequeños y medianos productores carecen del líquido suficiente.
En concreto, la iniciativa para una nueva Ley General de Aguas busca fortalecer el derecho humano al agua y la rectoría del Estado, sin eliminar el binomio tierra-agua.
La propuesta de reforma busca ordenar el régimen de concesiones, evitar el acaparamiento y establecer sanciones más severas por uso indebido.
La propuesta busca eliminar el mercado negro del agua y el cambio de uso sin autorización de la Comisión y con ello acabar con el aguachicoleo.
La iniciativa respeta los derechos del sector agrícola y la autonomía de los distritos y unidades de riego en la administración de sus aguas.
Pero así no lo entienden ni perciben organizaciones como la priista Confederación Nacional Campesina (CNC), que advierten que la nueva Ley General de Aguas modificaría de manera sustancial la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola, ya que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con la tierra y que, al concluir su vigencia, regresen al Estado para una nueva asignación.
Reiteraron estas preocupaciones durante las manifestaciones y cierres carreteros de los últimos días, al señalar que la reforma elimina la continuidad que hoy acompaña a muchos títulos, genera incertidumbre sobre su patrimonio y pone en riesgo la operación cotidiana de miles de unidades productivas.
Solicitan apoyos técnicos y financieros para adecuar la infraestructura de riego antes de que entren en vigor las nuevas obligaciones y que la ley garantice reglas equitativas que no desplacen a pequeños productores ni limiten la actividad agrícola en zonas rurales.
El agua es un tema de prioridad nacional, por ello el interés de la presidenta Sheinbaum de sacarlo adelante y no se ve mayor interés por negociar con las organizaciones campesinas, a las que ha dicho que sólo les interesa mantener sus privilegios.
De las anécdotas que se cuentan
En Puebla, la información de Conagua, publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, colocó a la entidad como la quinta con más pozos clandestinos durante 2024.
Tehuacán fue la región con más al contabilizarse cuatro, mientras que, en Puebla, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Quecholac, San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla se encontraron dos en cada uno de los municipios.
Un caso relevante es el robo de agua en la capital, “la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” no sólo es el grupo con más poder en el comercio informal, también es la causante de que la ciudad pierda más de 854 millones de litros anuales mediante una red de aguachicol.
Por eso urge la Nueva Ley de Aguas,
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