Gran tráfico de autos “chocolate”

Aunque hay una nueva Ley Aduanera, con la vieja se siguen descubriendo casos de corrupción que se generaban y toleraban desde las altas esferas del poder político.

Una operación de contrabando vehicular fue descubierta en las aduanas fronterizas de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, tras detectarse que múltiples vehículos cruzaban con placas clonadas y permisos temporales falsificados.

El hallazgo de la Agencia Nacional de Aduanas de México comenzó con una alerta provocada por el cruce casi simultáneo de dos vehículos diferentes –un Ford Fusion blanco y un BMW de lujo– con la misma placa texana en puntos aduanales distintos, situados a 90 kilómetros uno del otro.

Con base en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, ese cruce irregular, ocurrido el 30 de abril de 2021, marcó el inicio de un trabajo que destapó una red de tráfico ilegal de vehículos usada para ingresar decenas de miles de autos provenientes de Estados Unidos a México.

Lo que en un inicio parecía un caso aislado de duplicación de placas se convirtió en evidencia de un sistema de corrupción y complicidad institucional, operado con precisión desde ambos lados de la frontera.

El rastreo de las matrículas reveló que, además del BMW y el Ford, otros vehículos –incluidos un Volkswagen GTI, dos Jetta, y una Chevrolet Equinox– también cruzaron la frontera portando la misma placa: HDY9677 del estado de Texas. Ingresaron en diferentes días, utilizando el mismo número de matrícula, lo cual confirmó la existencia de una red organizada de falsificación y reutilización de documentos vehiculares.

Las irregularidades no se limitaron a las placas. También detectó la reutilización masiva de permisos temporales, conocidos como permisos de “autos chuecos”. Uno de estos permisos, con número 91635R5, fue utilizado en 728 cruces distintos en apenas cuatro meses. Otros, como el 70601N3 y el 96447X5, registraron 219 y 253 cruces respectivamente, a través de diversos puentes internacionales entre Tamaulipas y Texas.

Los datos revelan que por las aduanas de Reynosa y Matamoros cruzaban en promedio 3 mil 400 vehículos ilegales al mes, lo que representa más de 40 mil autos al año, todos bajo la mecánica de duplicación de placas y documentos. De esta manera, lo que debió ser una excepción terminó convertida en una rutina, alimentando una estructura de tráfico vehicular que operaba sin mayor resistencia institucional.

Los reportes señalaron que el fraude no solo era conocido sino tolerado. En ocho meses de monitoreo, de 27 mil 239 vehículos detectados con placas duplicadas, el sistema de inspección aduanal activó el semáforo rojo solo en 787 ocasiones, y de ellas, apenas dos concluyeron con un embargo formal.

La mayoría de las alertas no fueron seguidas como establecen los protocolos, y en algunos casos, videos de vigilancia mostraron complicidad directa de funcionarios aduanales. En uno de los ejemplos, un encargado habitual del cruce permitió el paso sin revisión, mientras que, en su ausencia, otro funcionario terminó embargando el vehículo involucrado.

El 18 de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que abrió la puerta a la regularización masiva de vehículos de procedencia extranjera, incluidos muchos que habían ingresado bajo estas prácticas de contrabando. Este decreto fue prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas cuatro días antes de que el presidente concluyera su mandato, extendiendo su vigencia hasta septiembre de 2026.

Guillermo Rosales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos señaló que esta política ha causado una caída de 30% en las ventas de autos usados legales en el norte del país, afectando a los más de 3 mil distribuidores formales de vehículos en México y poniendo en riesgo alrededor de 175 mil empleos.

A pesar de los reportes que confirmaban la relación entre los vehículos irregulares y las redes criminales –incluidos informes del Ejército sobre el uso de estos autos en actividades ilícitas–, el gobierno federal mantuvo y amplió el programa de regularización. Esto, según Rosales, implica una transgresión directa a la ley, al tiempo que fortalece a las mafias que lucran con el contrabando de vehículos.

La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción expone un fenómeno que va más allá del contrabando vehicular: evidencia cómo una red criminal logró infiltrarse en las estructuras institucionales del Estado, operar durante años bajo esquemas fraudulentos, y finalmente obtener legitimidad legal a través de decretos de regularización que, según expertos del sector automotriz, no atendieron criterios técnicos ni jurídicos, sino conveniencias políticas y económicas.

La lucha contra la corrupción, no tiene fin.

De las anécdotas que se cuentan

Una investigación del diario El País dio a conocer que Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, posee cuatro propiedades de lujo en España con un valor conjunto superior a 5 millones de euros, equivalentes a más de 113 millones de pesos mexicanos.

El funcionario mexicano de la 4T es dueño de un departamento de 233 m² en Madrid, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital española, además de tres tríplex en la isla de Ibiza, cada uno con terrazas amplias y acabados de alto nivel.

Las viviendas en Ibiza están registradas a nombre de la sociedad Feserinvest S.L., de la cual Gertz tendría el 100 % de las acciones, mientras que el inmueble en Madrid está directamente inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad.

El departamento madrileño fue adquirido en 2013 por alrededor de un millón de euros, aunque hoy su valor de mercado supera los 2.3 millones. En conjunto, las propiedades ascienden a un estimado de más de 5 millones de euros.

El reportaje también señala que estas adquisiciones no aparecen reportadas en sus declaraciones patrimoniales públicas. El fiscal, por su parte, ha asegurado que “todo está declarado” y que las compras fueron realizadas de forma legal.

Sin duda vale aquello de “primero los pobres”.

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 *ARD