El misterio de las prioridades
En el Paquete Económico de 2025, se prevé que el Poder Legislativo recibirá un aumento de 3.4 por ciento en su presupuesto, alrededor de 18 mil 069 millones de pesos, al tiempo que el Poder Judicial recibirá 85 mil 025 millones de pesos, con un alza de 4.1 por ciento.
La secretaría de la Defensa Nacional tendrá un recorte presupuestal del 43.8 por ciento real y la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá un enorme recorte de 36.2 por ciento, para quedar en 70 mil 422 millones de pesos
Por su parte, la secretaría de Marina quedará en 65 mil 888 millones de pesos, con una baja de 12.1 por ciento. Eso sí: al INE le asignaron 40 mil 476 millones de pesos, un alza real de 18.5 por ciento.
Llama la atención entonces que a la dependencia que encabeza Omar García Harfuch se le recorte el 36 por ciento de su presupuesto, considerando que es la secretaría de la que se espera más y a la que se le exigirá más para 2025, en el entendido que será la responsable de fungir como una suerte de Fiscalía General de la República bis y brazo armado para contener el avance de la delincuencia organizada en todo el país.
Se entiende que a la Defensa Nacional se le reduzca el presupuesto porque su papel de constructora, hotelera, administradora y transportadora de toda clase de mercancías, irá bajando notablemente en 2025. Muy lejos, la Marina andará por las mismas.
Con todo, es curioso que a la autoridad electoral federal se le asigne dinero a borbotones, pero a la máxima prioridad de los mexicanos que es la seguridad, se le envíen recursos que no van a servir de mucho, sobre todo considerando el nuevo papel de investigador y operador en contra de los grupos de alto impacto.
Las señales son ominosas, sobre todo considerando que, en tareas de seguridad nacional, la austeridad republicana no es el camino hacia la recuperación del territorio perdido.
De las anécdotas que se cuentan
Como todos los analistas lo habían advertido desde hace meses, Moody’s Ratings modificó la perspectiva de la calificación de México de “estable" a “negativa” y dejó la nota en “Baa2”. La decisión se debe a “la percepción de debilitamiento de la formulación de políticas y un entorno institucional que corre el riesgo de socavar los resultados fiscales y económicos”.
Moody’s señaló que la deuda de las administraciones públicas de México “aumentará por encima del 45 por ciento del PIB en 2025, desde el 40 por ciento en 2023 y podría seguir al alza hacia el 50 por ciento en 2027-2028 si no se produce una consolidación”.
Y como se ha dicho insistentemente, “existe una mayor probabilidad de que los pasivos contingentes derivados de Petróleos Mexicanos se materialicen en el balance del gobierno”.
Lo mejor viene al final de la nota: “a su vez, más allá del debilitamiento en 2024- 2025 en las métricas de deuda del soberano, la fortaleza fiscal podría disminuir más de lo que actualmente anticipamos y pesar sobre el perfil crediticio de México”.
Tras el cambio de perspectiva, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio una respuesta que en nada calmó a los mercados: rechazó que dicho ajuste implique una rebaja en la calificación; más bien aseguró, “responde a un análisis precautorio del balance de riesgos percibido”.
Dicen los malosos que el secretario que debería ser más técnico que todos juntos, está copiándole el estilo a sus vecinos de gabinete más politizados.
Sea ajuste o precaución, apenas estamos entrando a lo que viene en 2025 en materia económica.
Y todavía falta la opinión de Fitch y Standard & Poors.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto
*ARD
