Carlos Slim y su interés por Puebla
El Centro Slim se llamó al Centro Histórico de la Ciudad de México, luego del rescate que impulsó como jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
El empresario mexicano, uno de los hombres más ricos del mundo, impuso la compra y el rescate de edificios que estaban abandonados y que dedicó a hoteles, restaurantes, condominios y en general negocios para darle vida al corazón de la capital de la República.
Por ello, no fue raro que, al platicar con los gobernadores poblanos, Sergio Salomón Céspedes y Alejandro Armenta, y su amigo el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, los convocará a invertir en el Centro Histórico poblano y se comprometió a meter su capital.
Ya en el pasado hizo una oferta similar al gobernador Rafael Moreno Valle, pero en ese momento deseaba que la gestión expropiara propiedades que a él le interesaban para convertirlas como en la CDMX en zonas de negocios.
El martes pasado, que estuvo en Puebla para recibir un homenaje del Club de Empresarios, don Carlos insistió en el rescate del patrimonio edificado de la Angelópolis, quizá en sus proyectos esté otro Centro Slim.
De las anécdotas que se cuentan
Más de 5 mil millones de pesos es el numerario que 227 empresas fantasma se encargaron de triangular en perjuicio del estado de Veracruz, afectando a millones de personas, tanto en salud pública como educación y desarrollo social, durante el mandato del morenista Cuitláhuac García Jiménez.
Una investigación señala que, a través de 227 empresas fantasma, se dio un meticuloso proceso de desvío de fondos, en donde la administración de Cuitláhuac García llegó a concentrar hasta el 80 por ciento de los contratos licitados para adquisición de ciertos insumos, y beneficiando de manera sistemática, a 5 sociedades.
Los analistas encontraron que no pocas de las empresas que participaron en esa red de desvío de fondos, tenían como domicilio fiscal a casas particulares en colonias populares.
Con todo, algunas de esas empresas tienen más fondo de lo que aparentan. Ahí está el caso de Phono & Medical SA de CV, que en la investigación aparece con un supuesto domicilio en Xalapa y que es una vivienda particular, pero resulta que la firma sí existe y tiene su corporativo en Guadalajara, Jalisco.
Otro punto es que una enorme cantidad de estas empresas fueron puestas en operación a partir de 2019, lo que permite pensar que fueron abiertas ex profeso para que coincidiera con la administración de García, en un timing muy claro.
La información señala que esas empresas no solo fueron abiertas para recibir beneficios sino para tejer una red de competidores a modo en docenas de licitaciones, haciendo de éstas una simulación en papel que beneficiaba siempre a un mismo grupo.
De las 227 empresas fantasma detectadas, 52 fueron utilizadas por la Secretaría de Salud, la principal fuente de adjudicaciones para las empresas investigadas y de esa media centena, las beneficiarias con los montos más altos eran solo 5, sin evidencia documental de que efectivamente habían entregado el producto o servicio para el que habían sido contratadas, ya que se identificó una cantidad de documentos de entrega recepción que no cumplían con los requisitos que marca la ley.
De cuántos casos integran la investigación referida, seguramente el más interesante lo constituye el de la profesora Araly Rodríguez Vez, avecindada en Poza Rica quien, sin perfil alguno como proveedora de bienes y servicios, recibió contratos que suman más de 100 millones de pesos.
Supuestamente, Rodríguez Vez recibió un contrato por 2 millones de pesos, con el que comenzó su extraño avance en materia de adquisiciones para el DIF, aunque la propia dirección general de la entidad señaló que había entregado lo pactado en tiempo y forma.
El asunto se complicó, considerando que Rodríguez Vez trabajaba en la Secretaría de Educación de Veracruz cubriendo un interinato, lo que hizo pensar que más bien estaba fungiendo como prestanombres.
Algunos legisladores de oposición se han preguntado en los medios de comunicación de Veracruz, como era posible que una maestra que percibía un ingreso mensual de 7 mil pesos mensuales, podía tener la capacidad para atender contratos por más de 100 millones de pesos de pesos, vendiendo uniformes, batas, implementos para médicos y hasta preparación de despensas.
No menos extraño resultó para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que la Secretaría de Salud le otorgó contratos a la profesora, por más de 60 millones de pesos mediante 31 adjudicaciones, incluyendo compra de distintos insumos para el COVID-19 y entre otras cosas, hasta sillas de ruedas y carriolas pediátricas como parte del programa de apoyos funcionales.
El Órgano de Fiscalización también apuntó que Rodríguez Vez registró su actividad ante el Servicio de Administración Tributaria siete días después de haber firmado un contrato con los Servicios de Salud de Veracruz.
De esa magnitud es el problema y ahora, solo queda esperar al desenlace que las autoridades estatales y federales tengan respecto a una triangulación que promete salpicar a algunos de los funcionarios esenciales del mandato inmediato anterior del estado de Veracruz.
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*ARD
