Transporte público
El gobernador Sergio Salomón Céspedes reiteró esta semana que, en su gestión, que concluye el 14 de diciembre, no autorizará el aumento a los pasajes del transporte público.
El 17 de octubre, uno de los líderes de Antorcha Campesina, Ovidio Celis Córdova, puso sobre la mesa un tema respecto al incremento a las tarifas de transporte que, independientemente de que ese aumento tarifario conlleve a una mejora en las unidades por parte de los concesionarios, hay otros componentes en la ecuación.
En esencia, son dos los problemas que miles de poblanos padecen todos los días, además de la pésima calidad del servicio ofrecido por el transporte público concesionado.
La grave inseguridad y un número difícil de establecer de calles y avenidas en un estado deplorable, que no sólo incomoda a quien circula sobre ellas, sino que, sostuvo, acelera el envejecimiento de las unidades.
“Siempre vemos que la bolita es para este lado, somos nosotros los que debemos de modernizar nuestras unidades, pero qué pasa con las calles, con los baches, con la seguridad, con todos estos temas que también están ahí”, retó Celis Córdova.
Más allá de que este personaje representa a uno de los grupos de presión más antiguos de Puebla, le asiste el sentido común al señalar que el transporte se vincula con la inseguridad y el estado de las calles por la capital, sus juntas auxiliares, y otros municipios.
En todo esto, las personas que usan este tipo de transporte colectivo son las que experimentan diariamente, no solo la incomodidad y la segura tardanza para llegar a sus destinos, con un transporte añoso aquejado por innumerables complicaciones; ya quedó claro que los botones de pánico quedaron rebasados por la delincuencia común.
Si se toman estos datos y se conectan con la agenda que tienen enfrente las nuevas autoridades, se verá que los problemas requieren de políticas públicas eficientes y sustentables, no solo decisiones que cuestan mucho y a pocos convienen, en el marco de uno de los municipios más importantes de la República Mexicana, como lo es la ciudad de Puebla.
De las anécdotas que se cuentan
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) emprendió la larga marcha para las elecciones federales intermedias de 2027.
Antes del 15 de noviembre, debe obtener su registro local en las 12 entidades federativas en las que sí logró más del 3 por ciento de la votación en las elecciones de 2024. El lunes pasado consiguió su registro local en la Ciudad de México.
Así, los estados en los que tendrá que obtener también el registro son: Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
El panorama no luce sencillo a juzgar por los resultados obtenidos en términos de ayuntamientos que serán gobernados por el Sol Azteca en esas doce entidades:
En Aguascalientes 1; en Baja California Sur, ninguno; en Guerrero, 16; en Michoacán, 12; en Morelos, ninguno; en Oaxaca, 17; en San Luis Potosí, 2; en Sonora, 1; en Tabasco, 1; en Tlaxcala, 4; y en Zacatecas, 2.
Y, el viernes 18 logró el registro en el Estado de México, donde tiene un alcalde
Considerando los ayuntamientos ganados por coalición, el PRD tiene 58 alcaldías en las 13 entidades en las que sí o sí debe obtener su registro local.
Mientras tanto, Morena sigue alimentándose de lo que queda del Sol Azteca y del Partido Revolucionario Institucional.
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*ARD
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