Avanza despenalización del aborto
El próximo lunes se despenalizará el aborto en Puebla, izquierda y liberales votarán a favor.
La LXI Legislatura, la segunda con mayoría de izquierda avanzó, con el voto a favor del panista Eduardo Alcántara, avanzó en ese objetivo, al haber aprobado el dictamen que permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Ayer, sesionó la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde los diputados que votaron a favor fueron: por el Grupo Plural: Eduardo Alcántara, Silvia Tanús, Erika Patricia Sánchez; del PT, Gerardo Hernández; y de Morena, Yolanda Gámez. El morenista de Tehuacán, Fernando Sánchez Sasia se abstuvo, y por falta justificada la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia no asistió
El panista José Miguel Espinosa de los Monteros adelantó que el voto de sus compañeros en lo general y particular será en contra. El dictamen se incluirá en la lista de temas que se tratarán en la última sesión ordinaria del próximo lunes.
El dictamen establece que el artículo 339 reconoce al “aborto” como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación; Artículo 340, se impondrá de 6 meses a 1 año de prisión a la gestante que aborte o permita que otro lo haga después de las 12 semanas de embarazo, de 1 a 3 años de prisión a quien la ayude.
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El rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, lamentó que se llevara a cabo la discusión del dictamen para la legalización del aborto, sin un debate público y sin considerar las voces de la sociedad civil.
Mediante un comunicado distribuido vía redes sociales, el académico exigió a los diputados locales que se convoque a diversos actores de la sociedad a un Parlamento Abierto, y se abra un amplio diálogo público "por tratarse de un proyecto de ley de enorme gravedad y transcendencia".
Esa misma demanda la escucharemos mañana domingo en las homilías de los templos católicos, ya que la jerarquía ha hecho todo lo posible para que no proceda la despenalización de la interrupción del embarazo.
La polarización de la sociedad poblana en pleno.
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Habitantes de Santa Rita Tlahuapan, cerraron la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 70 en ambos sentidos. Exigen el pago de sus tierras. En sus consignas, dicen que “el problema lo genera el gobierno, no los campesinos”. Ejidatarios de comunidades del municipio de Santa Rita Tlahuapan exigen el pago de una indemnización que se les debe desde hace 57 años.
La concentración de los campesinos de los ejidos de San Juan Cuauhtémoc, San Pedro Matamoros, San Martinito e Ignacio López Rayón, ocurrió en el kilómetro 70 de la autopista de cuota en los límites con el Estado de México.
Las tierras fueron expropiadas el 29 de octubre de 1935, por el gobierno federal. Sin embargo, al no obtener el pago, los ejidatarios de las comunidades promovieron juicios en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 con sede en Tlaxcala.
Pese a esto y más de 50 años, los campesinos no han recibido el pago correspondiente, hecho que los obliga a manifestarse, incluso exigir que, de no recibir el pago, sus tierras les sean devueltas. El bloqueo además se extendió a la federal México-Puebla en el mismo kilómetro.
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Ayer, en el marco del Día del Abogado, jueces y magistrados poblanos se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Aseguraron que este proyecto busca reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahora los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.
Del mismo autor: Congreso retoma despenalización del aborto
Andrea Carmona, jueza de distrito, señaló que dicha reforma no garantiza la paridad de género e hizo un llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a que se fortalezca el Poder Judicial y no sea disminuido.
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En tanto, impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación anunciaron que preparan una estrategia jurídica para combatir la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, la cual facilita la reforma judicial.
El magistrado Mauricio Barajas, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, explicó que se trata de una estrategia legal de dos líneas contra la reforma judicial, una para revertir la captura de este Poder de la Unión por parte del Ejecutivo y otra contra la sobrerrepresentación del bloque oficialista.
Durante su intervención en un acto de protesta en el Palacio de Justicia de San Lázaro, convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito y al que asistieron más de 200 integrantes del PJF.
"En este sentido, cabe reflexionar sobre dos aspectos fundamentales; lo que representa pretender que con el 52 por ciento de la votación se alcance más del 70 por ciento de las curules en la Cámara baja en clara contravención al principio de igualdad del voto.
“Por otro lado, que se nos reitere como una decisión ya tomada está anunciada reforma sobre la base de un supuesto referéndum ocurrido el 2 de junio, siendo que, en realidad, esta reforma representó uno de tantos temas y propuestas de la campaña vencedora, que no ha sido sometida a una auténtica deliberación democrática en el seno del órgano parlamentario".
*ARD
