Peñasquito, advertencia
Ahora que está tan de moda el que los proyectos de infraestructura arrasen con animales, vegetación, manantiales y viviendas, no está de más ubicar al proyecto de la mina Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas. Recientemente, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) colocó los reflectores sobre el particular, que mucho se parece a casos mineros en el estado de Puebla.
De acuerdo a los datos de MCCI, Peñasquito inició actividades con Felipe Calderón como presidente de la República (2006-2012) y Amalia García como gobernadora de Zacatecas (2004-2010).
La investigación apunta que los cimientos sobre los que opera la mina se habían construido 16 años antes, con la Minera Kennecot, que ahora pertenece al consorcio británico Río Tinto.
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Como en la mayoría de los proyectos de este tipo en México, es de uso que una empresa inicie los primeros trabajos para posteriormente venderlos a alguien más y así sucesivamente.
De Kennecot, el proyecto pasó a Western Silver, para tiempo después hacerse filial de Goldcorp y ésta a su vez terminó siendo devorada por Newmont Corporation, de origen estadounidense, con corporativo en Colorado.
El punto es que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que el proyecto presentó a la autoridad federal en 2006, señalaba que Peñasquito tenía reservas de 335.1 millones de toneladas de oro, plata, zinc y plomo, pero necesitaría de unos 10 millones de metros cúbicos de agua al año.
Dos años después, Minera Peñasquito obtuvo su primera concesión para extraer la friolera de 2 millones 150 mil metros cúbicos de agua al año. Por si hiciera falta más, en 2008 la minera solicitó la ampliación para tener más líquido a su disposición.
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Entre 2008 y 2014, Peñasquito ya disponía de ocho concesiones que, al sumarse, arrojaban 40 millones 287 mil 380 metros cúbicos de agua al año.
En poco tiempo, las comunidades aledañas se quedaron sin agua, secándose sus parcelas y generando enfermedades. No pocos habitantes comenzaron a padecer problemas de la piel y trastornos digestivos.
Es el momento en que Minera Peñasquito sigue bebiéndose el agua de la biosfera a la que, además, está arrasando.
Casos como éste podrían darse en el estado de Puebla, particularmente en la Sierra Norte en la que abundan actividades mineras que, a la callada, se expanden mientras pretenden venderse como si fueran un prodigio para los pobladores y el ecosistema de la zona.
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De las anécdotas que se cuentan
El abogado Javier López Zavala, recluido en el penal de alta seguridad de Almoloya como autor intelectual del feminicidio de su ex pareja, Cecilia Monzón, perdió ya la fe de luchar políticamente por su libertad y ahora intentará sin posibilidades reales de defenderse por la vía legal.
Su caso está condenado a dejarlo ahí con una sentencia de 60 años de prisión, el máximo para feminicidios en el estado.
Hay un factor que será determinante, la familia de la abogada Monzón no quitará el dedo del renglón y va con todo. La semana pasada se publicó en El País la siguiente entrevista.
“La detención de los cuatro implicados en el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón ha dado un impulso a la investigación del crimen. El 30 de julio la Fiscalía de Puebla apresó al último de los sospechosos, Silvestre ‘N’, presunto autor de los seis disparos que acabaron con la vida de la mujer hace tres meses.
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“Las autoridades locales y el subsecretario de Seguridad federal han anunciado que, con estas detenciones, entre ellas las del exdiputado priista Javier López Zavala, su sobrino Jair ‘N’ y el exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado, Santiago Bárcena, el caso queda “esclarecido”.
Aquí viene lo importante:
“Pero la familia pide tanto a las autoridades como a la opinión pública que no cierren este asunto, porque queda todavía un largo recorrido en los tribunales. “Esto no está cerrado, lo que buscamos son sentencias máximas para los detenidos”, dice Helena Monzón, hermana de la víctima. En México solo tres de cada 100 asesinatos de mujeres obtienen una condena, según el Inegi, y solo la mitad de los feminicidios se resuelven.
“El periodo de investigación complementaria puede extenderse entre cuatro y seis meses más. Después, un juez decidirá si el caso pasa a juicio en razón de las pruebas existentes o si lo desestima.
“Sabemos que va a ser un procedimiento largo”, señala Monzón, quien calcula que el juicio podría tener lugar en el primer semestre de 2023. “Con la última detención renovamos la confianza en la Fiscalía, pero aún queda mucho camino por recorrer, porque las detenciones sin condenas no son justicia”, afirma la hermana.
“El juicio del feminicidio se acerca a las elecciones de 2024 en el Estado, Puebla, un escenario poco favorable por las vinculaciones políticas del caso.
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“López Zavala fue candidato al Gobierno de Puebla en 2010. Es el padre del hijo de la víctima, se le acusa de ser el instigador del delito y de haber contratado a dos sicarios para que mataran a la abogada, uno de ellos, su sobrino. Años atrás Cecilia Monzón le denunció por abandono del menor y por adeudo de la pensión alimentaria del niño.
“Una semana antes de que la asesinaran, Monzón se quejaba de que las denuncias contra Javier López Zavala estuvieran atascadas en la Fiscalía y acusaba al político de esconder sus bienes para no tener que pagar la manutención de su hijo.
“Esas denuncias fueron clave para que la Fiscalía ejecutara la orden de aprehensión contra el político el pasado mes de junio, una semana antes de casarse por tercera vez”.
Hasta ahí la información del diario español que confirma que no habrá forma de que López Zavala salga libre, por más caros abogados que contrate.
Lo peor para él y los priistas es que se empalmará el resultado judicial con el proceso de sucesión y elección de candidatos a la gubernatura.
¿El PRI lo expulsará? ¿AN mantendrá la alianza con un partido que tienen entre sus militantes distinguidos a un feminicida? ¿Morena aplicará todo el rigor de la Ley?
Son preguntas sin impunidad.
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*ARD
