Decepción en la UDLAP
Al salir el jueves de la semana pasada de Casa Aguayo, luego de una reunión con los secretarios de Gobernación y Educación Pública, el representante de los padres de familia de la Universidad de las Américas Puebla dijo que deberían tener confianza en las promesas de Ana Lucia Gil, de que el viernes a las 12 horas, el campus estaría en manos de la rectora que nombró la Fundación Jenkins, la doctora Cecilia Anaya Berríos, lo que no sucedió.
Todo el viernes los accesos estuvieron cerrados y reforzados con cadenas y al interior de plantel continuaban los elementos de la Policías Auxiliar y elementos de seguridad privada, resguardando el lugar e impidiendo el acceso de estudiantes, maestros y padres de familia que estuvieron a la espera de que se cumpliera la palabra de la secretaria Gil y que había sido respaldada en declaraciones, jueves y viernes, por el gobernador Miguel Barbosa.
A lo largo del viernes pasado, diversos grupos de la comunidad universitaria se manifestaron a lo largo del día en las entradas principales de la UDLAP. Lamentaron el poco compromiso de la secretaria Hill y el titular de la SEP para gestionar la apertura del campus a lo que se comprometieron y no cumplieron con su palabra.
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Padres de familia exigieron a las autoridades tener seriedad y hablar con honestidad respecto al conflicto que lleva cinco meses.
Esa es la razón por la que este martes 14 de diciembre nuevamente alumnos, ex alumnos, profesores de la universidad y padres de familia realizarán una marcha pacífica denominada "Por Libertad Académica y Autonomía Universitaria", en el Congreso del Estado, para exigir que se cumpla el compromiso de entregar el campus.
La rectora Cecilia Anaya Berríos vía redes sociales señaló el viernes por la tarde que no tenían el control físico del campus, por lo que no era posible programar el regreso presencial, además de que ventiló que el Poder Judicial de Puebla “decidió ilegalmente” devolver el exhorto para entregar el campus ahora al juzgado 24 de la Ciudad de México en lo que es “una chicanada” legal, para que no tome posesión la rectora y eviten el regreso presencial a clases.
Hay tanta molestia y decepción que casos como el de la señora Adriana Hernández es tajante y rechaza que el campus esté en manos de la rectora interina Berríos. “Quien tiene el control físico de la universidad es Armando Ríos Píter y yo creo que el gobierno del estado”. Añadió que no existió una respuesta del gobierno estatal, porque a la fecha el campus UDLAP sigue sin ser entregado.
Declaró que los padres están desilusionados del gobierno estatal porque esperaban que se entregara el campus. Exigieron que se reabra el plantel hoy lunes, lo que no sucederá, de lo contrario realizarán manifestaciones masivas. “El campus no está abierto como dice el gobernador y Ríos Píter. Sigue lleno de policías, candados y cadenas. UDLAP libre ya”, expresaban las pancartas de los universitarios.
Por supuestas trabas en el proceso judicial, la UDLAP todavía no cuenta con una fecha definida para que los alumnos puedan regresar a clases presenciales. En un comunicado, la rectoría negó tener el control de los accesos del campus, y acusó que están custodiados por la Policía Auxiliar, quien no permite el ingreso.
Agregaron que el Poder Judicial ha hecho caso omiso a la orden judicial tramitada por la Fundación Jenkins en el juzgado 24 de la Ciudad De México e ilegalmente se niegan a liberar las instalaciones. aunado a ello, señalaron que es imposible planear un regreso a clases presencial o en sistema híbrido debido a que no cuentan con el control del campus.
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Finalizaron con la exigencia de que la universidad sea devuelta para que la rectora Anaya Barrios pueda asumir el control de la misma y los alumnos puedan ejercer su derecho a la educación.
Dice el gobernador que su administración no tiene posesión del plantel, pero la realidad es que al mantener a la Policía Auxiliar del gobierno del estado resguardando el campus, manda un mensaje distinto y obliga a la comunidad a asumir una posición política, más allá de los conflictos judiciales, lo que ellos quieren es dar clases y estudiar.
Esta semana será definitiva para la institución de educación superior privada más importante de Puebla.
De las anécdotas que se cuentan
Eran los años ochenta del siglo pasado y una misteriosa enfermedad comenzó a atacar personas en México.
No había Internet ni redes sociales, así que solo la radio, la prensa escrita y la televisión daban algo de luz sobre el tema. Era una enfermedad que arrasaba con sus víctimas.
Se le decía coloquialmente, SIDA.
Después, se entendió que era posible tener el virus (VIH) y no desarrollar la enfermedad, el SIDA. En tanto, el padecimiento fue avanzando y según datos del Sector Salud federal, en México se han dado 322 mil 987 casos de VIH; 262 mil 672 en hombres y, 60 mil 315 en mujeres.
Los datos oficiales apuntan que, la Ciudad de México es la entidad con el mayor número de casos: 44 mil 810, el 13.9 por ciento del total; en el segundo lugar, se encuentra el Estado de México con 32 mil 74 casos y en tercer sitio, Veracruz con 30 mil 521.
Del total de personas infectadas ha muerto el 34.36 por ciento, 110 mil 994. Y el impacto mayor de casos se da en los estratos de 25 a 29 y de 30 a 34 años de edad.
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Dicen los malosos que, para el Estado, el VIH ya no existe.
Como tampoco la diabetes, la hipertensión, el cáncer, los problemas de sobrepeso y los neurológicos. En la miopía de la administración pública, todos esos males no tienen relevancia alguna porque lo que importa ahora mismo, es el Covid-19.
¿Las personas tienen asegurado su suministro de retrovirales contra el VIH? Quién sabe. ¿Hubo atención específica para las personas con VIH durante la primera, segunda y tercera ola de Covid-19? Tampoco se sabe. ¿Los retrovirales que compra la 4T cumplen con estándares internacionales? Misterio.
Y mientras todo eso sucede, el VIH ahí está, recordándonos nuestra debilidad y las fallas que por décadas seguimos cometiendo.
Aunque para algunos en el gobierno, el SIDA ya no existe.
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*ARD
