El DAP si va a pasar
Fue en las gestiones del gobernador Alfredo Toxqui y del presidente municipal Miguel Quirós Pérez, cuando los poblanos empezamos a pagar el 6.5 por ciento más de los recibos de luz como Derecho de Alumbrado Público. Han pasado casi 45 años y el tema vuelve a estar a debate con criterios no muy distintos a los que entonces se usaron por las autoridades priistas y sus opositores de Acción Nacional, hoy ambos van aliados en el mismo sentido.
Será el próximo miércoles cuando se discuta en el pleno del Congreso Local y, aunque con votos en contra y abstenciones de legisladores de distintos partidos, habrá mayoría a favor del cobro que se aplicará en ayuntamientos de todos los colores, por una realidad contundente: los gobiernos, en todos sus niveles, necesitan recaudar más porque el presupuesto no es suficiente y las aportaciones federales y estatales se van a reducir a lo largo de 2022.
Donde el tema generará una fisura sin pronta solución es al interior de la fracción de Morena, primero, y después con sus aliados. Esta semana diputados locales y regidores del partido del presidente López Obrador presentaron un frente contra la propuesta del ayuntamiento de Puebla de cobrar el derecho por el alumbrado público.
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Propusieron algo que no va a suceder, que los ayuntamientos gobernados por Morena se abstengan de cobrar este derecho y previeron una cascada de amparos que ellos pretenden promover.
El dirigente estatal de Morena en Puebla, Aristóteles Belmont, político muy cercano a Claudia Sheinbaum, avaló la posición de sus legisladores y rechazó la propuesta porque, dijo, afectará la economía de los poblanos.
Son cinco los diputados de Morena -Iván Herrera Villagómez, Edgar Garmendia, Daniela Mier Bañuelos, Angélica Cervantes y Carlos Evangelista Aniceto- de una fracción de 17 legisladores quienes votaran en contra. También lo hará la panista Aurora Sierra y está en duda el voto de Mónica Rodríguez de la Vecchia, quien puede votar a favor o en contra, a ellos se sumarán quizá tres votos más que no hacen mayoría, por lo que el DAP entrará en vigor en 2022.
El criterio que va a prevalecer está vinculado a que no solo el ayuntamiento de Puebla está a favor del cobro de este derecho, que dejará de ser un porcentaje vinculado al consumo de energía, pues de aquí a la aprobación de las Leyes de Ingresos municipales, se sumarán más ayuntamientos de todos los partidos incluyendo de Morena.
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Por lo pronto, en el Congreso se analiza a detalle no violar la ley y corresponder a las necesidades de recursos que necesitan los municipios, “pues consideró que tienen muchos gastos para cubrir las necesidades de la población y la recaudación del predial no es suficiente”, adelantó el coordinador morenista Sergio Salomón Céspedes, quien fue alcalde Tepeaca y sabe de esos quebrantos.
La ciudad de Puebla seguirá recibiendo por el DAP algo más de 140 millones de pesos anuales, apenas la tercera parte de los 450 millones que paga a la Comisión Federal de Electricidad, que seguiría siendo la encargada de recaudar esos recursos.
El actual es un debate que se repite, como hace 45 años, otros tiempos y otros protagonistas, pero al final prevalece el argumento de que el presupuesto no alcanza y las demandas de servicios son mayores.
De las anécdotas que se cuentan
El actual ayuntamiento de San Andrés Cholula presentó un pliego de observaciones a su antecesora Karina Pérez Popoca, quien hasta ayer parecía protegida por un acuerdo del gobernador Miguel Barbosa con el alcalde panista, Edmundo Tlatehui. Tiene un mes para contestar a satisfacción o su caso pasará a la Auditoría Superior.
¿En qué momento dejo de tener validez el acuerdo?
Por lo pronto, Pérez Popoca documenta que la actual administración de San Andrés Cholula no respeta la transparencia de información.
La última actualización de dictámenes financieros aparece hasta junio de este año.
La información más actual de los reportes de cuentas públicas es de 2019 y la de avance de fondos federales es de 2020.
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De ello le pueden echar la culpa a Pérez Popoca, pero la actual administración tampoco cumple.
Algo más, quien acusa de corrupción debe revisar lo que están haciendo sus funcionarios en especial los de Desarrollo Urbano que han empezado a pedir y recibir moches de desarrolladores inmobiliarios.
¿No que eran distintos?
Tlatehui tiene que actuar, de lo contrario empieza su gobierno bajo sospecha.
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