Detención arbitraria, el delito más común e impune; en Puebla más de 4 mil
Puebla, Pue. La detención arbitraria ha sido un mecanismo de uso excesivo de la fuerza, principalmente contra personas indígenas, migrantes, y personas con discapacidad psicosociales, señaló Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla.
En septiembre de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU envió un grupo de trabajo a las cárceles mexicanas para investigar los impactos reales y crudos de la detención arbitraria.
En el informe derivado de esta visita se expuso que las fuerzas armadas, y principalmente el ejército, son quienes hacen uso de las detenciones arbitrarias para intimidar, callar o sobajar a jóvenes, comunidades indígenas, migrantes y personas con discapacidades psicosociales.
Estos datos develan una parte de la realidad que viven al menos 90 mil personas privadas de su libertad sin una sentencia en el país; en Puebla son más de 4 mil.
Para profundizar en las causas, consecuencias y procedimientos de este tipo de detenciones, la Ibero Puebla reunió a un grupo de expertas y expertos en el conversatorio virtual: ¿Por qué es necesario hablar de la detención arbitraria en México?
La labor de organismos internacionales en México “ha sido una manera de monitorear la condición de derechos humanos en nuestro país”, afirmó.
En la experiencia de Hernández León, “más allá de que vayamos cambiando de administraciones, hay cierta cultura institucional que posibilita este tipo de violaciones, y en el caso de las detenciones arbitrarias, hay la conjunción tanto de normativa como de política y práctica institucional”.
En esto coincidió Carlos Zazueta Vargas, abogado y consultor que con base en investigaciones realizadas por instituciones como Amnistía Internacional, que han estado al tanto de las detenciones arbitrarias, ha visto “pocos cambios fundamentales”, en este proceso.
“Habría que ajustar el marco legal y dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana”, enfatizó.
Los factores normativos e institucionales que encubren y propician estas prácticas de abuso de poder, han quedado documentados en diferentes estadísticas como las expuestas por Ximena Said Chávez, oficial del Área Jurídica y Políticas Públicas de Intersecta A. C., donde se demuestra que “las fuerzas armadas abusan de la fuerza sistemáticamente y en mayor medida que las policías”.
Una de cada dos personas —y mayormente mujeres— sufren de violencia sexual cuando son detenidas por las fuerzas armadas; en el caso de las policías, es uno de cada tres. En el 66% de los arrestos registrados por la milicia se registra violencia física, que se compara con el 45% de la policía. Aun sabiendo esto, la experta afirmó que “procesar o encarcelar militares no va a cambiar la lógica de la institución”.
El panorama se agrava en los casos en los que las personas viven situaciones de vulnerabilidad, tales como una discapacidad psicosocial o que sean parte de una comunidad indígena. Diana Sheinbaum Lerner, integrante de Documenta A. C., ha dedicado su trayectoria a la investigación y seguimiento de personas que “son detenidas por su discapacidad, no por el delito que cometieron”.
En el caso de personas con una discapacidad psicosocial, Sheinbaum Lerner ve una grave deuda con su seguridad al momento de ser detenidas, y con la capacidad del Estado para garantizar la ley: “El artículo 14, que habla sobre el derecho a la libertad y seguridad, plantea claramente que las personas con algún tipo de discapacidad tienen el derecho a no ser privadas de su libertad”.
Al menos el 15% de la población mundial tiene una discapacidad psicosocial; en las cárceles, la población que vive con esta condición llega hasta el 50%. “Hay que realmente trabajar en el fortalecimiento de la sociedad civil frente a un gobierno que parece eliminar paso a paso los contrapesos, y definitivamente el apostar por que las comunidades más impactadas por la injusticia […] conozcan sus derechos y usen el derecho para transformar la sociedad”.
Esas comunidades que resisten y buscan apoyarse de organizaciones de la sociedad civil, fueron representadas por Isabel y Joaquina, integrantes de la comunidad otomí en Ciudad de México, quienes han vivido “en carne propia” todo lo descrito por el panel. Hacen un llamado al Estado a que respete los tratados internacionales que abalan su reconocimiento y respeto.
“Los pueblos originarios hemos aprendido que, organizados, podemos arrancarle al Estado nuestra libertad, porque no hemos cometido ningún delito”. La defensa de su identidad, su comunidad y su territorio han sido motivos para su detención arbitraria e ilegal.
*BC
