Han sido siete los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes le han dado estilos, seguramente contradictorios, pero con todo eficientes.
Jorge Carpizo MacGregor (1990-1993) se caracterizó por ser puntilloso en la interpretación jurídica de los derechos violentados por la autoridad.
En sus antípodas, Raúl Plascencia Villanueva (2009-2014) se movía por el seguimiento obsesivo de la parte procesal, dando pequeños pasos meticulosos conforme se iban construyendo los casos que terminarían en una “Recomendación”.
Como sea, casi todos los mandamases de la CNDH se caracterizaron por un buen trabajo, con evidentes claroscuros, algunos se hicieron de la vista gorda ante distintos atropellos del Estado hacia una persona o grupo social, pero no hay duda que fueron construyendo una institución sólida, aunque seguramente perfectible.
La actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, concluye su mandato el 16 de noviembre de 2024 tras cinco años en el cargo y amenaza con querer reelegirse. El problema es entonces, que sea impulsada para mantenerse en dicha posición y seguir pulverizando a la estructura del Estado que todavía ha sido un tanto funcional para defender derechos humanos.
Los casos en los que la CNDH de Piedra ha dinamitado la autonomía de la institución que preside, se cuentan por docenas. Pero no solo eso, se habla con insistencia de un caos financiero al interior de la Comisión.
Rosario Piedra confunde a la eficiencia con la eficacia.
Ha dicho por activa y por pasiva que la Comisión a su cargo ha tenido el mayor número de resoluciones hechas en años, pero guarda hermético silencio cuando se le pregunta sobre cientos de casos en los que el Estado presuntamente ha participado, desde atropellos a individuos hasta a pueblos enteros.
No deja de llamar la atención que curándose el dedo antes de cortárselo, Rosario Piedra diga que, ante la desaparición de distintos organismos autónomos, la Comisión “ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano”.
Por eso va a toda velocidad la reconversión de la CNDH a “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”. Quién sabe qué será eso.
Piedra ha dicho que, durante su gestión, la CNDH ha atendido a poco más de 51 mil 200 personas quejosas y según ella, “las prácticas inerciales que sobrevivían de la antigua Comisión, creadas para ocultar una estrategia perversa de caracterización de los perpetradores como defensores de derechos humanos, lobos con piel de ovejas, contratados para minimizar y para ocultar las violaciones a los derechos humanos que cometía el Estado”.
La realidad es que Piedra se ha mantenido silenciosa frente a la maquinaria de la militarización en asuntos de seguridad pública, la violencia contra los indocumentados y los “otros datos” del extraño censo de personas desaparecidas, siendo éste último punto una bomba de relojería.
De más está recordar la forma en la que llegó al cargo, en donde más de un analista ha dado en el clavo: ser hija de una connotada figura de la lucha social no es suficiente para llevar sobre sus espaldas la conducción de un organismo como la CNDH.
Esas son las condiciones en las que la Comisión se encuentra hoy, sumergida entre el desgano, la maquila de resoluciones y el tapiado que encubre las debilidades del Estado.
De las anécdotas que se cuentan
A pesar de que la protesta y la manifestación están reconocidas como derechos constitucionales, hay un ombudsman que en el fondo lo rechaza y quiere mantenerse ahí más años.
Es el caso del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, el abogado Félix Cerezo, quien promueve en Puebla un protocolo “que permita desarticular los bloqueos carreteros” por protestas sociales.
Apenas el martes pasado, sino fuera por un bloqueo por 4 horas de la autopista México-Puebla no hubiese aparecido un niño de 5 años robado en Teotlalcingo. Usaron una garantía individual y afectaron a miles, sí, pero fue la manera en que los delincuentes dejaron libre al menor.
Cerezo pidió a las próximas autoridades un operativo que “evite la violencia”, porque, afirma, que, aunque los ciudadanos tienen derecho a la libre manifestación, y los gobiernos deben buscar la manera de levantar las protestas con cierres viales.
Si no hay solución a sus demandas, el diálogo no funciona.
Aceptó que "el derecho a la protesta debe ser respetuoso y pacífico", pero lo deben atender las próximas autoridades.
Puso como ejemplo la iniciativa presentada por el diputado local de Morena Fernando Sánchez Sasia, quien propuso 4 años de prisión, una multa de 3 mil pesos a quienes obstruyan las vías de comunicación sin importar cuál sea su demanda social.
Y ese es el defensor de los Derechos Humanos de los poblanos, no promueve soluciones sino castigos.
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*ARD