Puebla, Pue. Ante la omisión de las unidades fiscalizadoras locales, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN) en la Cámara de Diputados piden que se finquen responsabilidades a los servidores públicos que provocaron un socavón financiero de mil 322 millones de pesos en diferentes etapas a las finanzas estatales de Puebla.
Para esto los legisladores federales, Mario Riestra Piña, Humberto Aguilar Coronado, Carolina Beauregard, y Ana Teresa Aranda solicitan a la Federación a través de la Secretaría de la Función Pública abra una investigación sería junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación para dar y sancionar a los responsables físicos de estos desfalcos.
Los panistas, advirtieron que sus homólogos en el Congreso local también estarán actuando en consecuencia, solicitando la comparecencia de la ahora auditora Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, quien en su momento tenía que haber actuado estando al frente de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.
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Mario Riestra Piña recordó que el primer desfalco fue de más de 600 millones de pesos entregados al extinto Banco Accendo, y el segundo, con 722 millones de pesos por el no pago de impuestos ante el SAT, tan solo con estos dos montos reiteró, se formó este socavón financiero 1 mil 322 millones de pesos.
Por ello, reiteró que la semana pasada presentó un punto de acuerdo para que las autoridades federales investiguen las irregularidades financieras de la Secretaría de Administración y Finanzas de Puebla.
Carolina Beauregard señaló “no puede ser que solamente se queden en alguna cuestión de anécdota de estos desfalcos que se hicieron durante el corto periodo de la administración del ex gobernador Miguel Barbosa y que al día de hoy no haya responsables”.
En tanto, Humberto Aguilar Coronado precisó que el GLPAN federal lo que está pidiendo es una investigación seria, no política, para que sea la Secretaría de la Función Pública la que determine quiénes son los responsables físicos de esos hoyos financieros.
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“Cuando existan responsables, se les tienen que fincar responsabilidades porque es un daño patrimonial al estado de Puebla”, cerró.
Con el socavón financiero el Estado tendría la capacidad para levantar una nueva Ciudad Universitaria, como la que estará en Valsequillo bajo un costo aproximado de mil 200 millones de pesos; así como la nueva Central Camionera de Sur que será de 600 millones de pesos, entre otras obras.
Para finalizar los diputados federales manifestaron que es más que evidente que Barbosa Huerta “no hizo las cosas bien, le fallo a los poblanos, no fue diferente", caso contrario a lo que está haciendo la administración de Sergio Salomón, quien destapó estas irregularidades por lo que ahora se tienen que fincar responsabilidades a todos los funcionarios públicos que incurrieron en faltas.
*BC