La UNAM enfrenta nuevos cuestionamientos por el contrato otorgado a Territorium Life para la aplicación del examen de admisión 2026, luego de que documentos oficiales revelaran que la contratación fue autorizada mediante adjudicación directa en apenas cinco días naturales y por un monto que podía alcanzar los 85.7 millones de pesos.
El expediente adquiere relevancia debido a que la propia Universidad justificó la contratación al asegurar que la plataforma contaba con herramientas para detectar anomalías, prevenir fraudes y garantizar la integridad del proceso de evaluación. Sin embargo, semanas después surgieron inconsistencias en los resultados del concurso de ingreso, lo que obligó a suspender la asignación definitiva de miles de lugares.
La contratación de Territorium Life fue aprobada en solo cinco días
De acuerdo con documentos oficiales, el 2 de abril de 2025, la directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, solicitó al Comité de Adquisiciones autorizar una excepción al procedimiento de licitación pública para contratar directamente a Territorium Life S.A.P.I. de C.V.
La petición quedó registrada en el oficio SG/DGAE/0371/2025, donde la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) explicó que la plataforma sería utilizada para los procesos de ingreso del nuevo esquema de bachillerato del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) y para el concurso de licenciatura del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).
Cinco días después, el 7 de abril de 2025, el Comité de Adquisiciones notificó la aprobación de la solicitud mediante adjudicación directa, argumentando que el servicio encuadraba en una excepción prevista dentro de la normatividad universitaria para servicios especializados.
La rapidez con la que se resolvió el procedimiento ahora forma parte de los elementos que generan interés público, especialmente después de las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión 2026.
El contrato podía alcanzar más de 85 millones de pesos
El expediente señala que el contrato estableció un monto mínimo de 34 millones 491 mil 933 pesos y un monto máximo de 85 millones 767 mil 297 pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La contratación contemplaba la aplicación de entre 130 mil 500 y 324 mil 500 exámenes, con un costo unitario de 227.85 pesos por aspirante.
Este esquema permitía ampliar el número de evaluaciones dependiendo de las necesidades de la Universidad durante los procesos de admisión.
El monto total convirtió al contrato en uno de los servicios tecnológicos más relevantes para la organización de los exámenes de ingreso de la institución.
La DGAE aseguró que la plataforma detectaba fraudes y anomalías
Dentro de la justificación presentada para evitar una licitación pública, la DGAE sostuvo que la plataforma de Territorium Life contaba con herramientas especializadas para proteger el proceso de evaluación.
Entre las funciones descritas se encontraban:
- Detección de patrones anómalos durante los exámenes.
- Prevención de fraudes.
- Monitoreo en tiempo real de las evaluaciones.
- Administración segura de bancos de reactivos.
- Cadena de custodia para preservar la confidencialidad de las pruebas.
- Seguimiento de incidencias durante la aplicación de los exámenes.
Además, la dependencia universitaria argumentó que el sistema ya había sido utilizado por instituciones como el IPN, la BUAP, la UANL, así como organismos públicos de Costa Rica y Estados Unidos.
Estos antecedentes fueron utilizados como parte del respaldo técnico para justificar la contratación directa.
Crisis del examen de admisión 2026 pone bajo revisión el contrato
Posteriormente, la UNAM decidió ampliar el uso de la plataforma para el proceso de ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.
Sin embargo, tras publicarse los resultados comenzaron a detectarse comportamientos atípicos en la distribución de calificaciones, situación que generó una de las mayores crisis recientes en los procesos de admisión de la Universidad.
Como respuesta, la Rectoría suspendió temporalmente la asignación definitiva de lugares para alrededor de 58 mil aspirantes y anunció la realización de un examen presencial de control, mientras una comisión técnica inició una investigación para determinar el origen de las inconsistencias.
Hasta ahora, la Universidad no ha emitido conclusiones definitivas sobre las causas que provocaron las anomalías detectadas.
El expediente abre nuevos cuestionamientos
La revisión del contrato adquiere mayor relevancia porque la propia DGAE aseguró, al justificar la contratación, que la plataforma tenía la capacidad de detectar irregularidades y prevenir posibles fraudes.
Con la investigación aún en desarrollo, especialistas y aspirantes mantienen la atención sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño del sistema, los mecanismos de supervisión implementados por la Universidad y los criterios utilizados para aprobar la adjudicación directa de un contrato multimillonario.
Mientras la comisión técnica continúa con sus trabajos, el caso permanece abierto y podría derivar en nuevas conclusiones sobre la operación del sistema utilizado para uno de los procesos de admisión más importantes del país.
*BC
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