Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen del llamado “Plan B” electoral, una reforma que busca reducir privilegios en el servicio público y fortalecer el mecanismo de revocación de mandato en México. La propuesta obtuvo 24 votos a favor y 11 en contra, lo que evidencia un debate político intenso en torno a sus implicaciones.
El proyecto deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien propuso modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer nuevas reglas en materia electoral y administrativa.
Qué cambios contempla la reforma constitucional
El dictamen aprobado contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 constitucionales. Estas reformas buscan, principalmente, fortalecer la democracia participativa y reducir el gasto público en instituciones y gobiernos locales.
Entre los puntos más relevantes destacan:
- Regulación más clara de la revocación de mandato
- Reducción de regidurías en ayuntamientos
- Límites al presupuesto de congresos estatales
- Tope salarial para funcionarios electorales
Además, las comisiones introdujeron ajustes a la iniciativa original enviada el 17 de marzo, con el objetivo de precisar el número de regidurías y reforzar los principios de paridad e igualdad sustantiva.
Revocación de mandato: nuevas reglas y tiempos definidos
Uno de los cambios centrales se encuentra en el artículo 35 constitucional, que establece que la revocación de mandato podrá solicitarse una sola vez durante el periodo presidencial. Este ejercicio se realizará dentro de los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno.
Asimismo, el proceso se llevará a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del mandato. La reforma también permite que la persona titular del Ejecutivo promueva el voto a su favor, aunque prohíbe el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda.
Además, se establece que durante los 60 días previos a la consulta deberá suspenderse toda propaganda gubernamental en medios de comunicación.
Cambios en ayuntamientos: límite a regidurías
En cuanto al artículo 115 constitucional, la reforma fija un límite de una sindicatura y hasta 15 regidurías en los municipios del país. Esta medida busca reducir costos y hacer más eficiente la administración pública local.
El dictamen también incorpora principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración de los ayuntamientos, lo que representa un avance en la inclusión política.
La modificación al artículo 116 establece que el presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.70% del total del presupuesto estatal. Con esta medida, se pretende evitar excesos en el gasto legislativo.
Asimismo, se refuerzan los principios de igualdad y paridad en la integración de los órganos legislativos, lo que obliga a las entidades a garantizar una representación equitativa.
Tope salarial para funcionarios electorales
El artículo 134 establece que ningún funcionario de organismos electorales podrá ganar más que el titular del Ejecutivo federal. Esto incluye a integrantes del Instituto Nacional Electoral y sus equivalentes estatales.
Además, se prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros privados o prestaciones adicionales no contempladas por la ley.
Posturas en el Senado: debate político y respaldo oficial
Durante la discusión, la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa defendió la reforma al señalar que la revocación de mandato es una práctica democrática presente en diversos países.
Por su parte, Martha Lucía Micher Camarena impulsó la inclusión de principios de igualdad de género en el dictamen, lo cual fue aprobado por las comisiones.
Conclusión: una reforma con impacto político y administrativo
El avance del Plan B electoral representa un cambio significativo en la estructura política del país. Mientras sus promotores destacan la reducción de privilegios y el fortalecimiento democrático, sus detractores advierten posibles riesgos para la autonomía institucional.
El dictamen continuará su proceso legislativo en el Senado, donde se espera un debate aún más amplio.
Con información de Agencias nacionales
*ARD
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