Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presentó en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la Ley General para Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio.
En el marco del Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo, Sheinbaum Pardo destacó esta iniciativa que se trabajó bajo el modelo de investigación que se desarrolló en la Ciudad de México y se busca que sea para todo el país.
“Generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad (...). En este caso, la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por Feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio.
“Y también se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, comentó la titular del Ejecutivo federal al mencionar que será enviada al Senado este día.
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que se busca homogeneizar la investigación: “Que todos investiguemos igual, que no está fácil”.
“Es exhaustiva la Ley”, agregó al destacar que 40 artículos tienen que ver con la investigación.
La mandataria federal mencionó que “está obligado el Ministerio Público a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer” para que no digan que “se suicidó”.
Campaña permanente contra la violencia
Tras presentar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, anunció que también se propone crear una Comisión Especial para articular una campaña permanente contra la violencia feminicida.
Durante La Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal indicó que además, la propuesta incluye la creación de grupos de apoyo técnico para las investigaciones por feminicidio en Fiscalías especializadas e impulsar la elaboración y actualización de registro de feminicidios a nivel nacional.
“Se propone que a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, se cree una comisión especial que acompañe en la puesta en marcha de la ley, que acompañe la formación y la capacitación y que nos permita articular una campaña permanente contra la violencia feminicida”, dijo.
Destacó de manera adicional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Sistema Nacional DIF y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
“(Esto) posibilita la actualización del protocolo de atención para estos casos, pero también las estrategias en materia de política pública para la atención integral y la restitución de derechos a las niñas y los niños que son víctimas indirectas del feminicidio de sus madres”, detalló.
La subsecretaría reiteró que el delito de feminicidio además de arrebatar la vida de las mujeres, cambia la vida de las personas de su círculo cercano, especialmente de sus hijas e hijos. Destacó que dicha ley articula los derechos de las víctimas, sus familias y de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) afectados.
Señaló que los derechos de las víctimas enmarcados en la ley incluyen: el acceso a la verdad y la justicia; a la atención médica y psicológica de urgencia para aquellas que son sobrevivientes; acceso a la asistencia jurídica especializada y gratuita a servicios de seguridad social, salud y educación.
“Para los Niños, Niñas y Adolescentes que quedan en estado de orfandad ya la restitución o entrega del cuerpo de una manera digna, respetuosa y también asistida y, por supuesto, tienen derecho a los de traducción e interpretación”, mencionó.
Puntualizó que la reparación integral del daño, que es otra de las partes importantes de esta ley, tiene que ser adecuada, efectiva, rápida y proporcional. Gómez Saracibar mencionó que el responsable del feminicidio tiene que llevar a cabo una reparación económica desde la articulación integral de políticas de derechos y de protección a NNA que quedan en situación de orfandad.
Recordó que esta Ley General mandata a las plataformas digitales que respeten la dignidad de las víctimas, es decir, si hay información que difundir por estos medios, no puede haber una exhibición de imágenes de las víctimas de feminicidio de una forma amarillista o que haga apología del delito.
Caso Colosio
Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien recientemente criticó el manejo del caso del asesinato de su padre y planteó la posibilidad de cerrar definitivamente el expediente, además de sugerir un eventual indulto para Mario Aburto Martínez.
Expresó solidaridad con el legislador por el crimen ocurrido hace 32 años, aunque subrayó que el caso no puede resolverse mediante una decisión presidencial.
“Primero siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre. Este joven vivió una situación muy trágica con la muerte, el magnicidio de su padre y después la muerte de su madre. Son niños que vivieron una situación muy difícil”, señaló.
La presidenta enfatizó que el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta debe entenderse como un tema de Estado y no como un asunto sujeto a voluntad política.
“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió. Es un candidato a la Presidencia que fue asesinado. Entonces no es un asunto de indulto de una presidenta”, afirmó.
Medios alternativos y publicidad oficial
Tras el encuentro de medios alternativos, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, en el que criticaron a medios tradicionales y pidieron recursos, la presidenta de México afirmó que debe transparentarse la asignación de la publicidad oficial y defendió el papel que desempeñan los medios digitales y alternativos en el nuevo ecosistema informativo del país, al señalar que representan una necesidad social frente a los medios tradicionales.
Fue cuestionada sobre las conclusiones del Segundo Encuentro Continental de Medios y Periodistas Independientes y Alternativos, realizado el fin de semana, donde participantes plantearon la necesidad de un presunto "piso parejo” en el acceso al reconocimiento institucional y, en su caso, a la publicidad oficial.
Sheinbaum Pardo señaló que las propuestas recibidas serán analizadas por la Secretaría de Gobernación e incluso podrían derivar en cambios legales.
“Estas conclusiones apenas ayer me las entregaron. Quedé en pasarlas a la Secretaría de Gobernación para que se analicen y, si hay que incorporarlas en una ley, pues hay que incorporarlas”, indicó.
La presidenta sostuvo que los medios alternativos surgieron como respuesta a la falta de espacios en medios tradicionales, los cuales —afirmó— durante años respondieron a intereses políticos y económicos.
El Plan B es ahorrar
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, insistió en que “lo importante del Plan B es disminuir privilegios”, después de que en el Senado se estancara este planteamiento a la reforma electoral.
Desconoció cómo avanzó este tema en la Cámara Alta donde se retrasó la discusión.
Al insistir en que el Plan B busca erradicar privilegios particularmente para funcionarios públicos, la mandataria federal resaltó que el ahorro iría para obras en municipios y estados.
Recordó que en el Plan B se propuso que la revocación de mandato pueda no solo ser en el cuarto año de gobierno, sino en el tercer año.
“Pusimos que la Revocación de Mandato pueda no solo ser en el cuarto año de gobierno sino el tercer año de gobierno, concurrente con la votación de mitad del sexenio, donde se eligen diputados, gobernadores, presidentes municipales”.
“Puede ser, nadie dice: ´queremos que sea´. Lo que decimos es que se abra en la Constitución la posibilidad de que sea, en nuestro caso, en el 27 o en el 28 y eso es a solicitud de la gente. ¿Qué quiere decir? Que todos los presidentes tienen que someterse a revocación de mandato (...)".
“Si todos están de acuerdo en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la votación; luego están de acuerdo con una parte y con otra no. La gente también sancionará esa parte”, dijo.
Recalcó que un consejero o una consejera del INE no tienen por qué ganar más que la Presidenta, además reiteró que no debe haber tantos regidores.
“Los diputados locales no tienen por qué tener un presupuesto excesivo que quite recursos a municipios y estados. No debe ser”, declaró.
“Seguimos insistiendo en que disminuyan privilegios, porque al disminuir lo que recibe un servidor público, ese dinero se va directo a la gente porque son de los impuestos”, añadió la presidenta.
No más donaciones a ONG
Desde Palacio Nacional, la presidenta aseguró que la cancelación de permisos a diversas organizaciones de la sociedad civil para operar como donatarias autorizadas fue resultado de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no de una decisión política del gobierno federal.
“Les voy a ser muy franca, no sabía (de) las organizaciones; es un análisis técnico del SAT”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre el retiro de autorizaciones fiscales a asociaciones civiles.
Incluso, Sheinbaum se refirió al caso de Mexicanos contra la Corrupción que también perdió los permisos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“¿Mexicanos contra la Corrupción o Mexicanos por la Corrupción?”, mencionó al referirse que ese caso particular proviene de revisiones iniciadas desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso anterior, Sheinbaum Pardo explicó que el argumento del SAT en ese expediente fue la recepción de recursos provenientes del extranjero, lo que derivó en la pérdida del estatus de donataria autorizada.
Añadió que desconocía el número total de organizaciones involucradas actualmente y subrayó que estas determinaciones no pasan por la aprobación presidencial.
La titular del Ejecutivo federal insistió en que la autorización para que una organización pueda recibir donaciones deducibles de impuestos responde únicamente a criterios fiscales y administrativos establecidos por la autoridad tributaria, por lo que —dijo— “es una decisión técnica del SAT, no una decisión política del gobierno”.
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