El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado sin vida el 8 de septiembre de 2025 en sus oficinas. Según fuentes federales citadas por Reforma, el marino se habría quitado la vida mientras enfrentaba una investigación por su presunta participación en una red de tráfico ilícito de combustible, conocida como huachicol fiscal.
El oficial estaba bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de haber recibido sobornos a través de intermediarios ligados a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
El soborno de 100 mil pesos en Tampico
De acuerdo con documentos de la FGR, Pérez Ramírez recibió 100 mil pesos en abril de 2024, cuando se desempeñaba como jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico. El dinero habría sido entregado por el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico.
“Durante mi estancia en la Aduana de Tampico estuvieron a cargo los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez; hago del conocimiento que en una sola ocasión le entregué la cantidad de 100 mil pesos como gratificación que le enviaba NK cuando arribó el primer buque, en abril de 2024”, declaró Torres Joaquín ante la FGR.
El alias NK pertenecía al capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, prófugo y con orden de aprehensión, señalado como intermediario en la entrega de sobornos.
Semar reportó el fallecimiento del capitán y lamentó su pérdida
La Marina confirmó a Latinus la muerte del titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, pero no señaló las causas porque dijo que se investiga el caso.
La Marina publicó en redes sociales sus condolencias por el fallecimiento de uno de sus elementos en Tamaulipas.
«La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden», escribió en X.
Cómo operaba la red de huachicol fiscal en puertos
La investigación de la FGR reveló que la Unidad de Protección Portuaria debía garantizar seguridad en inspecciones aduaneras. Sin embargo, varios de sus mandos permitieron la descarga de buques con combustible ilegal a cambio de sobornos millonarios.
Por cada embarcación, los hermanos Farías Laguna habrían pagado hasta 1 millón 750 mil pesos.
En el caso del capitán Alejandro Torres Joaquín, las autoridades estiman que recibió 24 millones de pesos por facilitar la entrada de 14 buques.
En total, al menos 14 personas fueron detenidas, entre ellas el vicealmirante Roberto Farías.
Trayectoria del capitán Pérez Ramírez
El fallecido oficial era ingeniero en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar, egresado en 1995. A lo largo de su carrera ocupó cargos estratégicos en puertos de Tampico y Altamira, hasta llegar a dirigir la Unidad de Protección Portuaria.
Su muerte ocurre en medio de una investigación que sacude a la Secretaría de Marina (SEMAR) y que apunta a una red de corrupción con vínculos familiares y jerárquicos dentro de la institución.
Implicaciones para la Secretaría de Marina
El caso pone bajo escrutinio el papel de la SEMAR en la vigilancia portuaria durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al evidenciar la infiltración de intereses criminales en áreas clave como aduanas y protección marítima.
La investigación sigue abierta, y las autoridades buscan capturar a los prófugos, entre ellos Miguel Ángel Solano Ruiz, mientras revisan la posible complicidad de más mandos navales.
Con información de Zeta Tijuana
*BC
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