Comerciantes de Huauchinango piden intervención de Armenta por presuntas irregularidades en el mercado

Puebla, Pue- Comerciantes y ciudadanos del municipio de Huauchinango solicitaron la intervención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para atender presuntas irregularidades en el proceso de desalojo y reubicación del mercado municipal, al considerar que se han vulnerado sus derechos laborales y económicos.

De acuerdo con el pronunciamiento, los comerciantes atendieron los llamados de las autoridades y desocuparon los espacios que durante años representaron su principal fuente de ingresos. Sin embargo, esta situación los obligó a rentar locales, trasladarse a otras zonas o buscar alternativas improvisadas para continuar con su actividad económica y sostener a sus familias.

Condiciones desiguales tras la reubicación

Los inconformes señalaron que, pese a cumplir con las disposiciones oficiales, persisten condiciones de desigualdad, principalmente para comerciantes del área de alimentos. Actualmente, indicaron, varios de ellos se ven obligados a vender en la vía pública, sin condiciones adecuadas de seguridad, higiene ni certeza jurídica.

Además, denunciaron que algunos locatarios han sido catalogados como morosos, a pesar de que fueron retirados de espacios que ocupaban bajo esquemas de propiedad o concesión. Por lo tanto, consideraron injusto que ahora se les exijan pagos que califican como excesivos.

Los comerciantes afirmaron que los cobros reclamados corresponden a locales de los que fueron desalojados para dar paso a un proyecto de inversión de alto costo. No obstante, aseguraron que los beneficios de dicho proyecto no han sido claros ni equitativos para quienes históricamente sostuvieron la economía del mercado.

En este sentido, advirtieron que las decisiones tomadas afectan directamente el derecho al trabajo y a una vida digna de cientos de familias huauchinanguenses, generando incertidumbre económica y social.

Llamado a revisar legalidad y equidad

Por ello, solicitaron a las autoridades estatales revisar la legalidad y equidad de los cobros, garantizar un trato justo e igualitario para quienes acataron las disposiciones oficiales y proteger los derechos adquiridos de los comerciantes.

Finalmente, los firmantes señalaron que respaldan el progreso del municipio; sin embargo, insistieron en que el desarrollo no debe construirse a costa del sacrificio de quienes han sostenido la economía local durante generaciones.

*ARD