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Trabajadores del COBAEP denuncian riesgo de perder beneficios salariales de 2026


Docentes y administrativos señalan retrasos en el proceso de homologación y renivelación salarial; un plazo federal venció el 13 de noviembre
Por Alma Méndez | 17 Noviembre, 2026 | 12:49 h
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Trabajadores del COBAEP denuncian riesgo de perder beneficios salariales de 2026

Puebla, Pue. Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) denunciaron presuntas irregularidades administrativas que podrían afectar la homologación y renivelación salarial de 2026, luego de que venciera el plazo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para entregar documentación relacionada con el procedimiento.

Los inconformes, entre ellos docentes, técnicos docentes y personal administrativo, solicitaron la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier y de las autoridades educativas para esclarecer el estado del trámite y garantizar los beneficios económicos que, aseguran, les corresponden.

La preocupación aumentó tras la emisión del Oficio Circular CSA/0070/2026, fechado el 11 de noviembre, mediante el cual la SEP federal solicitó formalizar y entregar el Convenio Modificatorio al Anexo de Ejecución 2026, con fecha límite del 13 de noviembre.

De acuerdo con la información del documento referida por los trabajadores, el incumplimiento podría dejar al COBAEP fuera del proceso de convenios modificatorios, con posibles consecuencias administrativas y presupuestarias.

Denuncian retrasos de 45 días en convocatoria del COBAEP

La inconformidad de los trabajadores fue formalizada desde el 12 de octubre de 2026, mediante un escrito dirigido al gobernador de Puebla y a las autoridades educativas.

En el documento señalaron a Rocío Meneses Uvera, Pedro Guerrero Gómez y Humberto Eloy Aguilar Vivero por presuntas fallas en la conducción del procedimiento de homologación y renivelación salarial.


Petición


Entre las irregularidades denunciadas se encuentra un retraso de 45 días en la publicación de la convocatoria institucional, situación que, según los inconformes, redujo el tiempo disponible para integrar y entregar la documentación requerida.

También señalaron posibles omisiones en la integración, validación y envío de expedientes, trámites necesarios para que los trabajadores puedan continuar dentro del procedimiento.

Ante estos señalamientos, solicitaron que las autoridades investiguen las responsabilidades administrativas y exigieron la renuncia de los funcionarios mencionados.

Las acusaciones corresponden a los trabajadores inconformes y no constituyen, por sí mismas, una determinación oficial sobre la responsabilidad de los funcionarios.

Plazo de la SEP federal venció el 13 de noviembre

El Oficio Circular CSA/0070/2026, fechado el 11 de noviembre, estableció como fecha límite el 13 de noviembre para formalizar y entregar el Convenio Modificatorio al Anexo de Ejecución 2026.

Según la información proporcionada por los inconformes, la falta de respuesta podría impedir que el COBAEP sea considerado dentro del proceso de convenios modificatorios, lo que pondría en riesgo la continuidad de los trámites relacionados con los beneficios salariales.

La advertencia se refiere a posibles afectaciones en la gestión administrativa y presupuestaria del procedimiento, sin que la información disponible permita confirmar que el subsistema haya quedado excluido o que los recursos se hayan perdido.

Los trabajadores pidieron aclarar si la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma, así como el estado que guarda el trámite ante las autoridades federales.

Más de 2 mil familias podrían resultar afectadas, advierten trabajadores

Los empleados del COBAEP señalaron que los beneficios económicos correspondientes a 2026 no deberían continuar pendientes, pues sostienen que los pagos ya tendrían que haberse concretado.

Entre sus demandas se encuentra la entrega del retroactivo salarial que, de acuerdo con sus señalamientos, corresponde anualmente a los trabajadores beneficiarios del procedimiento.

Los inconformes advirtieron que las posibles afectaciones podrían alcanzar a más de 2 mil familias que dependen laboralmente del subsistema educativo.

Por ello, reiteraron su solicitud de intervención de la SEP y del gobernador Alejandro Armenta Mier, con el objetivo de conocer el estado de los recursos, establecer los tiempos de cumplimiento y determinar posibles responsabilidades por las irregularidades denunciadas.

 

*ARD

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