Puebla, Pue. La periodista Lydia Cacho volverá a los tribunales este 20 de octubre para enfrentar una nueva audiencia relacionada con el caso que involucra al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, conocido como el “góber precioso”, confía que se le dicte sentencia por los delitos de tortura y persecución por sus investigaciones sobre una red de explotación sexual infantil en México.
“Llevamos 21 años haciendo esta batalla, esperamos que este 20 de octubre podamos ganarla y Mario Marín sea sentenciado por secuestrarme y torturarme, intentando silenciarme, no lo logró y no lo va a lograr”, dijo a través de un video en redes sociales.
Cacho informó que acudirá a la diligencia judicial ante una jueza, acompañada por sus abogados de la organización Artículo 19, para dar continuidad a un proceso legal que se prolonga desde hace 21 años.
La periodista recordó que, tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó presuntos vínculos entre empresarios y una red de explotación sexual de niñas y niños, fue encarcelada, torturada y perseguida.
De acuerdo con su testimonio, estas acciones buscaron castigarla y silenciarla por las investigaciones y denuncias que hizo públicas.
Cacho también reflexionó sobre el costo que ha representado ejercer el periodismo en el país durante las últimas dos décadas.
21 años de batalla legal
Recordó a colegas que han sido perseguidos, amenazados, asesinados o desaparecidos, en un contexto en el que denunciar abusos de poder puede implicar riesgos para la integridad y la vida de quienes investigan.
A la dimensión judicial del caso se suma el dolor personal de la periodista por la muerte de su padre, ocurrida el 23 de febrero de 2026.
Cacho expresó que falleció sin poder ver una sentencia definitiva contra el exmandatario poblano, una circunstancia que añade una carga emocional a una lucha que ha marcado buena parte de su vida.
Después de 21 años de batalla legal, la periodista sostuvo que su exigencia de justicia va más allá de su situación personal.
Señaló que el proceso también representa una forma de honrar a las niñas y los niños cuya protección motivó sus investigaciones, así como a su familia y a una sociedad que demanda respuestas frente a los abusos y la impunidad.
La audiencia del 20 de octubre representa, en ese sentido, un nuevo capítulo en una disputa judicial que ha trascendido el ámbito individual para convertirse en un referente de la defensa de la libertad de expresión y de los derechos de las víctimas.
Detención y reclusión
El exgobernador priista de Puebla, Mario Marín Torres, fue detenido en febrero de 2021 por su responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista y escritora Lydia Cacho.
El ilícito del que se le acusa se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, por difamación y calumnia tras la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que ella se refirió a los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri como integrantes de una red de prostitución y pederastia.
La periodista fue trasladada desde Cancún hasta Puebla, en un trayecto de 23 horas en carretera el cual denunció haber sido víctima de tortura psicológica.
Luego de la aprehensión, se dio a conocer una llamada entre Mario Marín y Kamel Nacif, en la que el exgobernador se ufanó de haberle puesto un "coscorrón".
Marín Torres actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mientras continúa el procedimiento penal en su contra.
Fue en el mes de agosto de 2024 cuando obtuvo una medida de prisión domiciliaria, pero esta fue revocada posteriormente por un tribunal federal, ante la justificación de riesgo de fuga, por lo que fue regresado a prisión.
El caso también involucra a otros exfuncionarios y al empresario Kamel Nacif. Adolfo Karam, quien encabezó la Policía Judicial de Puebla, salió de prisión en agosto de 2024 tras un cambio en sus medidas cautelares, sin que ello representara una absolución.
Mientras que Alejandro Rocha Laureano, excomandante de esa corporación, dejó la cárcel el 14 de octubre de 2026, luego de cumplir una condena de cinco años y seis meses por tortura contra la periodista.
La organización Artículo 19 ha insistido en que los procedimientos contra los demás probables responsables deben continuar hasta que exista una resolución judicial.
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