Puebla, Pue. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla presentó al menos seis denuncias penales contra representantes de empresas que forman parte del padrón estatal de proveedores, luego de detectar presuntas irregularidades relacionadas con personas vinculadas al caso del llamado “tirador de la Vía Atlixcáyotl”.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, informó que las investigaciones permitieron identificar posibles anomalías en documentación utilizada por algunos contratistas para participar en procesos de adquisición y servicios con el Gobierno del Estado.
De acuerdo con el funcionario, varios documentos presentados por los representantes empresariales habrían sido alterados, por lo que se dio vista a las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades.
Detectan documentos presuntamente alterados en contratos estatales
Alejandro Espidio Reyes explicó que la investigación inició tras revisar la trayectoria empresarial de personas relacionadas con el caso del ataque ocurrido en la Vía Atlixcáyotl.
Señaló que la primera alta fiscal relacionada con este personaje ocurrió el 29 de marzo de 2017, fecha a partir de la cual obtuvo personalidad jurídica que le permitió integrarse al padrón de proveedores y contratistas del estado.
El secretario detalló que, debido al giro registrado por las empresas, estas pudieron participar en distintos procesos de contratación gubernamental, principalmente relacionados con servicios especializados.
Sin embargo, durante las revisiones se encontraron inconsistencias en la documentación presentada por algunos representantes empresariales, situación que derivó en la presentación de denuncias ante las autoridades ministeriales.
Gobierno busca reforzar requisitos para proveedores
Ante estas irregularidades, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno propuso crear una mesa de trabajo para modificar los mecanismos de registro y validación de proveedores.
El objetivo, explicó Espidio Reyes, es evitar que empresas o contratistas ingresen al padrón estatal sin comprobar plenamente su origen legal, capacidad financiera y cumplimiento de requisitos administrativos.
Asimismo, indicó que ya existe un planteamiento para fortalecer los filtros de contratación, incluyendo la revisión de la solvencia económica y la documentación presentada por las empresas interesadas en trabajar con el gobierno estatal.
Empresario relacionado con contratos de Salud en Puebla
El caso tomó relevancia luego de que autoridades identificaran a Rafael Zabalza Beraza como el presunto responsable del ataque armado ocurrido en la Vía Atlixcáyotl, quien cuenta con antecedentes empresariales relacionados con el sector salud en Puebla.
De acuerdo con información difundida tras su detención, el empresario español habría mantenido relaciones comerciales con administraciones estatales encabezadas por los exgobernadores priistas Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.
Durante esos periodos, habría participado como proveedor de medicamentos e insumos médicos mediante empresas relacionadas con sus actividades comerciales.
La administración de Mario Marín Torres, que gobernó Puebla de 2005 a 2011, estuvo marcada por el proceso penal que enfrenta el exmandatario por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Investigan vínculos políticos y empresariales del caso
Tras la detención de Rafael N., comenzaron a circular imágenes en redes sociales donde aparece junto a Valentín Meneses Rojas, quien fue uno de los colaboradores cercanos del exgobernador Mario Marín Torres.
Además, se ha mencionado la cercanía del empresario con otros actores políticos, entre ellos el militante de Morena, Raymundo Atanacio Luna, quien ha expresado su interés por competir por la alcaldía de Puebla capital en las elecciones de 2027.
Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas irregularidades detectadas en el padrón de proveedores y establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Mientras tanto, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que continuará con la revisión de empresas contratistas para garantizar procesos de contratación más transparentes dentro del Gobierno de Puebla.
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