En Puebla, la Coparmex advirtió sobre la importancia de garantizar certeza jurídica en México ante la implementación de nuevas medidas contra el lavado de dinero en México y el financiamiento al terrorismo.
El organismo empresarial reconoció que el país debe cumplir con compromisos internacionales y fortalecer los mecanismos que protejan al sistema financiero. Sin embargo, señaló que la aplicación de estas disposiciones debe apegarse estrictamente a la legalidad.
Riesgo de “asfixia económica”
Uno de los principales señalamientos es la imposibilidad de acceder a una suspensión provisional inmediata ante el congelamiento de cuentas. Esta situación podría generar una asfixia económica para empresas, ya que los procesos legales pueden prolongarse mientras los afectados permanecen sin acceso a sus recursos.
Además, la reforma contra el lavado de dinero complica la obtención de suspensiones, obligando a empresas y ciudadanos a recurrir a mecanismos como el amparo para defenderse.
La Coparmex subrayó que, aunque combatir las finanzas ilícitas es fundamental, también es necesario garantizar condiciones de legalidad y transparencia.
En este sentido, pidió a las autoridades definir con precisión conceptos como “indicios suficientes”, ya que su ambigüedad podría afectar derechos y poner en riesgo la operación de empresas.
Responsabilidad compartida
Por otro lado, el organismo llamó al sector empresarial a reforzar sus mecanismos internos, incluyendo procesos de verificación y cumplimiento normativo.
Finalmente, destacó que proteger la integridad de las operaciones no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética que fortalece la confianza en el sistema financiero y la estabilidad económica.
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