Puebla, Pue- En las próximas semanas podría definirse si la Auditoría Superior del Estado de Puebla impondrá sanciones administrativas por presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de una camioneta blindada por 2.8 millones de pesos, compra realizada durante la gestión de Amanda Gómez Nava.
La diputada local Norma Estela Pimentel Méndez, integrante de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso local, explicó que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de análisis y desahogo de observaciones por parte de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
Investigación administrativa podría derivar en sanciones
La legisladora señaló que el objetivo es determinar si existen responsabilidades administrativas derivadas del proceso de adquisición del vehículo blindado, cuyo costo fue cercano a 2.8 millones de pesos.
Asimismo, indicó que las sanciones podrían incluir desde medidas administrativas hasta una eventual inhabilitación de servidores públicos, dependiendo de las conclusiones a las que llegue la autoridad fiscalizadora.
“La intención es que los procedimientos se lleven hasta las últimas etapas para garantizar que se cumpla la ley y que se determinen las responsabilidades correspondientes”, afirmó la diputada.
Además, subrayó que antes de considerar cualquier posible implicación penal, primero deben agotarse los procedimientos administrativos establecidos por la normativa vigente.
Fiscalización de la Cuenta Pública 2024 sigue en proceso
El proceso de revisión se relaciona con la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, cuya auditoría fue concluida en noviembre de 2025 por el entonces encargado de despacho de la ASE, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez.
El funcionario informó en ese momento que la auditoría ya había finalizado; sin embargo, el procedimiento continuaría con la notificación de resultados y la etapa de solventación de observaciones.
Este proceso administrativo busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de la ex titular Amanda Gómez Nava.
Finalmente, las autoridades legislativas indicaron que se deberá esperar a que concluyan los plazos legales para conocer si la investigación derivará en sanciones administrativas o si el caso podría escalar a otras instancias jurídicas.
*ARD
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