Elección del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda debe cumplir normas: Ibero

Puebla, Pue. La Universidad Iberoamericana de Puebla hizo un llamado al Congreso del Estado para generar un espacio público y colaborativo de reflexión sobre la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, destinada a designar a los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla.

En un comunicado, la institución, apoyada por la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Observatorio de Participación Ciudadana y Calidad Democrática, y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, informó que esta semana iniciará el proceso de auscultación de quienes se registraron para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda.

Señaló que, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, antes de cualquier designación por parte del Poder Ejecutivo debe realizarse una consulta pública que incluya a colectivos de familias de personas desaparecidas, expertas y organizaciones de la sociedad civil.

Mencionó que el ecosistema de derechos humanos de la Ibero Puebla solicitó a la Secretaría de Gobernación implementar un mecanismo de auscultación que contemple entrevistas abiertas, máxima transparencia y respeto a los derechos humanos, destacando la importancia de situar a los familiares de personas desaparecidas en el centro del proceso de toma de decisiones.

Asimismo, la universidad recordó que la ley exige que la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cuente con conocimientos técnicos y experiencia en derechos humanos, lo que resulta fundamental ante la crisis de desapariciones en el país. Por ello, exhortó a revisar exhaustivamente los perfiles y planes de trabajo de los aspirantes, priorizando la idoneidad profesional y el respeto a los derechos de las víctimas.

Finalmente, la Ibero Puebla manifestó su disposición a acompañar el proceso y compartir el acervo de conocimiento acumulado durante años de trabajo con familias y colectivos, así como a fomentar la participación de la sociedad civil, universidades y organismos internacionales, enfatizando que los derechos humanos de las víctimas deben prevalecer por encima de cualquier interés político.

Nuevo Poder Judicial y su reto

El reciente secuestro y asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, pone de relieve la vulnerabilidad de miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, quienes enfrentan criminalización, hostigamiento y amenazas de agentes del Estado y de la delincuencia organizada. Desde 2010 a la fecha, al menos 30 personas buscadoras —en su mayoría mujeres— han sido asesinadas en el país. De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, esta situación evidencia el “patrón de riesgo sistemático” que enfrentan las madres y abuelas buscadoras.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, resulta preocupante que a la impunidad generalizada y la ausencia de condiciones que aseguren verdad, justicia y presentación de las personas desaparecidas en México, se suma el contexto de riesgo para sus familias, así como el funcionamiento inadecuado de los sistemas de búsqueda y su articulación con las instituciones de investigación de justicia.

Con el inicio de una nueva era judicial, resultado de la primera elección popular de jueces y juezas en el país, se llama al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, reconociendo, como ha sostenido la ONU-DH México, el papel clave de los órganos jurisdiccionales para garantizar procesos justos y reparar a las víctimas como condiciones imprescindibles para revertir la impunidad estructural.

Para la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, la supervisión y control judicial de las investigaciones, la garantía de la calidad de víctima y del derecho de participación, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas desaparecidas a través de sus familiares, y la tutela adecuada de la Declaración Especial de Ausencia, constituyen responsabilidades superlativas del Poder Judicial de la Federación, por lo que se llama a las y los jueces a asumir un rol activo y garante de los derechos de las personas.

*BC