Puebla, Pue. – La historia de Daniela Flores Mustre refleja cómo la violencia vicaria puede convertirse en un calvario legal y emocional cuando las autoridades no aplican la perspectiva de género e infancia. La madre exhortó a las autoridades a actuar con esta perspectiva, recordando que la violencia vicaria afecta también a niñas y niños cuando el sistema falla.
Siete años de amenazas y denuncias falsas
En rueda de prensa, Daniela narró que siete años de amenazas, persecución y denuncias falsas marcaron su vida y la de su hija, víctimas reconocidas de violencia vicaria, un delito que aún es minimizado por las autoridades.
El caso comenzó en mayo de 2016, cuando su expareja franco-británico la amenazó con quitarle a su hija si no cumplía con sus exigencias. Dos años después, tras ser expulsadas violentamente de la casa familiar, comenzó un calvario legal de más de siete años.
Revictimización y denuncias falsas
En octubre de 2018, un juzgado familiar otorgó la custodia provisional al agresor, dejándola sin contacto con su hija. Posteriormente, el padre acusó falsamente a la menor de abuso sexual. La Fiscalía concluyó en cuatro ocasiones que “el delito no se cometió”, pero la niña fue sometida a múltiples peritajes que la revictimizaban.
Justicia tardía y violencia persistente
En junio de 2025, un juez penal vinculó al padre por Sustracción de Menor y Violencia Familiar tipo Vicaria. El agresor huyó con la niña, activándose una Alerta Amber, hasta que finalmente fue recuperada. A pesar de la restitución de la custodia, la madre enfrenta nuevas denuncias falsas y campañas mediáticas de desprestigio.
“Han sido siete años de dolor, de separación, de sentir que el sistema nos arrebataba todo. La justicia nos llegó tarde, pero aún estamos de pie”, concluyó Daniela.
*ARD
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