Puebla, Pue. – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró “poco clara” la redacción del artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, que tipifica como delito el ciberasedio y establece penas de hasta tres años de prisión y multas económicas.
A través del pronunciamiento DGDDH/006/2025, el organismo nacional hizo un llamado al Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, para que revise nuevamente el contenido del artículo, a fin de evitar posibles interpretaciones que puedan derivar en restricciones indebidas a la libertad de expresión.
CNDH alerta sobre ambigüedades legales
El artículo establece sanciones a quien, mediante medios digitales, redes sociales o cualquier espacio virtual, insulte, agravie, ofenda o cause daño emocional a otra persona de forma insistente. No obstante, la CNDH advirtió que la falta de precisión en la redacción puede prestarse a usos contrarios a su objetivo original:
“Su falta de claridad puede potencialmente prestarse a un uso contrario a lo que busca”, indica el pronunciamiento.
El organismo enfatizó que la libertad de opinión debe protegerse de cualquier forma de censura, directa o indirecta, y que la ley debe resguardar el derecho a la crítica y al libre ejercicio de la palabra.
Congreso local responde a llamado
Ante el posicionamiento de la CNDH, la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, respondió que la LXII Legislatura está abierta al diálogo y a revisar los contenidos necesarios para fortalecer la democracia.
“Esta ocasión no ha sido la excepción, estamos abiertos a revisar lo necesario para garantizar las libertades de toda la sociedad”, afirmó la legisladora.
Contexto del artículo 480
El artículo 480 fue aprobado recientemente como parte de la nueva Ley de Ciberseguridad del Estado de Puebla, generando diversas reacciones sociales y políticas. Si bien busca proteger a las personas contra el acoso digital, activistas, ciudadanos y ahora la CNDH han alertado sobre posibles riesgos de censura y arbitrariedad.
La CNDH insistió en que el Gobierno del Estado debe garantizar un marco normativo que no inhiba la expresión de ideas, pensamientos u opiniones, como parte de los principios fundamentales de un Estado democrático.
*ARD
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