Puebla, Pue. Ante la polémica nacional que ha causado la Ley de Ciberseguridad en el apartado que castiga con prisión el ciberacoso, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, enfatizó este día que en México no hay censura, sino libertad y derecho.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez calificó de acertado el llamado que hizo el gobernador Alejandro Armenta Mier para que se revise el artículo 480 sobre el ciberacoso, que se incluye como delito dentro de la Ley de Ciberseguridad.
Participación ciudadana debe ser amplia, pide Rosa Icela
La funcionaria federal destacó la importancia de lograr que, en la realización de foros, participen no solo especialistas en el tema, sino el mayor número de poblanos y, por qué no, ampliar esta convocatoria a cualquier ciudadano que quiera participar, sin importar si es de otra entidad.
"Se me hizo bien la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica sobre el ciberacoso", dijo.
El 12 de junio, el Congreso local aprobó la Ley de Ciberseguridad, donde se incluye la censura a través del artículo 480, lo que ha lastimado la opinión de periodistas y ciudadanos para expresarse libremente en redes sociales.
Gobernador abre puerta a ajustes
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier como legislador de carrera externó que una ley que inicia pudo haber nacido con foros o procedimiento de acción inmediata, después hacer foros para explicar el impacto o beneficios.
Señaló Alejandro Armenta Mier, que esta semana lo que hará la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez es hacer esa tarea, de explicar cómo se aplica la Ley de Ciberseguridad.
“Si en el proceso existe alguna posibilidad de enriquecimiento de la ley, estoy seguro que las y los diputados van a enriquecerla, eso se hará a partir del análisis científico, empresarios, padres de familia que son afectados frente a los ciberdelitos”, dijo Alejandro Armenta Mier.
Informó el Jefe del Ejecutivo local que el 75 por ciento de la población utiliza las redes sociales, lo que se traduce en una población indefensa ante un contexto que requería de una norma jurídica que protegiera los derechos humanos.
*BC
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