Puebla, Pue- La diputada local, Celia Bonaga Ruiz propuso castigar con 6 a 10 años de prisión a quienes incurran en un “delito informático” como el que fue denunciado por las colectivas feminista ReDefine, CAFIS y el Frente Nacional por las 40 Horas, sobre las ofertas de trabajo “ficticias” en redes sociales que terminan en desaparición forzada y trata de personas, donde la mayoría de las víctimas son universitarias.
Sanciones económicas para reclutadores engañosos
Celia Bonaga pidió legislar en una iniciativa de decreto donde además de imponer prisión para este delito, se aplique una multa de 300 a 900 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a personas físicas que publiquen en medios impresos o sitios de internet anuncios con la finalidad de reclutar a personas para actividades que puedan ser propias de delitos de trata de personas.
Casos de universitarias vulnerables
Explicó que universitarias en Puebla han recibido ofertas laborales con requisitos sospechosos, que lleva a casos como el de una joven que víctima de violación tumultuaria y extorsión, y quien ha pedido ayuda a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que su caso no quede impune, sin castigo a los agresores
Plataformas digitales bajo la lupa
Durante el alertamiento que lanzaron estos colectivos, ejemplificaron que en la web hay plataformas digitales identificadas como CompuTrabajo, donde ofertan vacantes exclusivamente para universitarias foráneas.
Adición al Código Penal estatal
Para erradicar esta mala práctica, la congresista emanada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso adicional al Código Penal del Estado el artículo 479 como “delitos informáticos” para que quede:
Al que publique en páginas de internet o cualquier medio digital anuncios laborales o de cualquier índole que prometan empleos, beneficios económicos u oportunidades empleando engaño para que esto sea para cometer delito de trata de personas o cualquier otro, se le impondrán de 6 a 10 años prisión y multa de 300 y 900 Unidades de Medida y Actualización, dicta el planteamiento.
Llamado a la supervisión de anuncios
“Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias, supervisen empresas o personas física que publiquen en medios impresos o sitios de internet anuncios, con la finalidad de reclutar a personas que puedan ser víctimas de delitos de trata de personas“, cerró la congresista del PAN.
*ARD
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