El conflicto entre el presidente Donald Trump y California entró en una nueva fase judicial tras una decisión del Noveno Circuito de Apelaciones que permitió temporalmente que las fuerzas militares federales continúen operando en Los Ángeles. La noche del jueves, los jueces suspendieron un fallo previo que favorecía al gobernador Gavin Newsom, quien acusa al Ejecutivo de violar la Constitución al desplegar tropas sin su consentimiento.
Unas horas antes, un juez federal había determinado que la movilización de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines era ilegal al no contar con la solicitud del Estado, como estipulan las normas. Sin embargo, el Gobierno de Trump apeló rápidamente, obteniendo una respuesta favorable de la Corte, donde dos de los tres jueces fueron nombrados por el propio presidente.
El juez Charles Breyer, designado por Bill Clinton, otorgó a California una orden que devolvía el control de la Guardia Nacional a partir del viernes al mediodía. Newsom anunció que los efectivos regresarían a tareas habituales como la vigilancia fronteriza, el combate al tráfico de fentanilo y el apoyo en incendios forestales.
En sus redes sociales, el gobernador celebró el fallo con una imagen de la explosión de la Estrella de la Muerte de Star Wars, comparando a Trump con el emperador Palpatine. “Trump no es un rey ni un monarca. Debe actuar dentro de los límites de la Constitución”, escribió.
California interpuso la demanda el lunes, argumentando que la Constitución reserva a los estados el control de sus fuerzas de seguridad, salvo que soliciten apoyo federal. Según el fiscal general Rob Bonta, el despliegue de tropas federales sin autorización estatal viola la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso militar para funciones civiles como la seguridad pública.
Bonta sostuvo que esta decisión generó tensión social y riesgo público, con protestas, cierres de calles y un aumento del descontento. La alcaldesa Karen Bass decretó toque de queda parcial en el centro de Los Ángeles para frenar disturbios.
Esta fue la demanda número 24 que California presenta contra la Administración Trump en su segundo mandato. El mismo jueves, se presentó una más, por la revocación del plan estatal que aceleraba la transición a los vehículos eléctricos.
La defensa de Trump: poderes de emergencia y seguridad nacional
Los abogados del Gobierno argumentaron que el presidente actuó bajo el Título 10 del Código de EE.UU., que le otorga poderes discrecionales en situaciones de emergencia. Según ellos, el mandatario no necesita autorización estatal si considera que hay amenazas al orden o rebelión.
Calificaron la demanda como un “ardid político” y advirtieron que limitar el poder presidencial en estos casos es “peligroso” y “sin precedentes”. No obstante, el juez Breyer sostuvo que Trump se excedió en su autoridad, y que la activación de tropas sin aval estatal no cumplía con los requisitos legales.
Tropas desplegadas en puntos estratégicos de la ciudad
Aunque en apariencia estáticas, las fuerzas federales están distribuidas en ocho zonas clave de Los Ángeles:
150 militares protegen oficinas del Departamento de Seguridad Interior en Paramount.
300 soldados resguardan el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
100 elementos acompañan a agentes del ICE en redadas contra indocumentados con órdenes de deportación.
32 tropas están desplegadas en Santa Ana, en el condado de Orange.
Estas fuerzas se mantendrán activas mientras se resuelve el fondo del proceso judicial, cuya siguiente audiencia está programada para el martes.
Según el fiscal Bonta, esta es la primera vez desde 1965 que un presidente activa tropas sin solicitud estatal. Recordó que en 2020, durante las protestas por el asesinato de George Floyd, y en 2025, ante los incendios en Los Ángeles, Newsom sí solicitó apoyo federal, siguiendo los cauces legales.
El fondo del conflicto radica en una lucha política e ideológica entre Trump y Newsom, dos figuras antagónicas. Mientras el presidente busca imponer mano dura ante el incremento de protestas y acciones migratorias, el gobernador insiste en que los derechos estatales deben respetarse y que el uso del ejército no puede sustituir a la política civil.
Con información de El País
*BC
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