Una jueza federal en California prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular sin una orden judicial. Además, estableció que los agentes deben tener una razón fundada para creer que la persona podría huir antes de que se obtenga la orden correspondiente. La jueza Jennifer L. Thurston emitió esta decisión el martes, marcando un hito en las políticas migratorias de la región.
El fallo también señala que los agentes de la Patrulla Fronteriza no podrán detener a individuos sin una sospecha razonable de que están en el país de manera ilegal. Asimismo, la jueza determinó que no se podrá obligar a las personas a dejar el país mediante una "salida voluntaria" sin antes ser informadas de sus derechos. La decisión aplica únicamente en el Distrito Este de California, donde, en enero, decenas de personas fueron detenidas durante la operación de control migratorio "Operación Retorno al Remitente".
ACLU demanda y responde a las violaciones de derechos
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en nombre del sindicato United Farm Workers y de los individuos afectados por las redadas. Según la ACLU, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron ilegalmente a personas que parecían ser trabajadores agrícolas sin tomar en cuenta su estatus migratorio. Durante las redadas, las personas fueron arrestadas y trasladadas en autobuses a la frontera sin la posibilidad de contactar a familiares o abogados, lo que violó sus derechos fundamentales.
Además, la ACLU alegó que los detenidos fueron coaccionados a firmar documentos en los que renunciaban a su derecho de ver a un juez de migración y aceptaban voluntariamente salir del país. La jueza Thurston subrayó que las prácticas de la Patrulla Fronteriza violan derechos constitucionales bien establecidos. Por ello, ordenó que la agencia proporcione informes detallados cada 60 días sobre las detenciones y arrestos realizados sin orden judicial, hasta que concluya la demanda.
Defensa gubernamental y la respuesta de la jueza
En defensa, los abogados de la Patrulla Fronteriza argumentaron que la jueza no tenía jurisdicción para analizar el caso, ya que la ley federal establece que los asuntos migratorios deben ser apelados solo después de que un juez de migración emita una orden final. Además, los abogados del gobierno señalaron que la demanda carecía de fundamento, pues la Patrulla Fronteriza ya había implementado nuevas directrices y capacitaciones para regular las detenciones sin orden judicial y para informar a los detenidos sobre sus derechos.
No obstante, la jueza Thurston rechazó estos argumentos. Afirmó que la nueva política no era lo suficientemente estricta para evitar detenciones ilegales y que no había garantías de que esta política no fuera modificada nuevamente en el futuro. Según la jueza, el hecho de que la política se hubiera actualizado tras la demanda no eximía a la Patrulla Fronteriza de las responsabilidades constitucionales ya establecidas.
Con información de Milenio
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