“Abusos” y costumbres
La barbarie que se vivió la noche del viernes de la semana pasada en Papatlazolco, Huauchinango, cuando pobladores lincharon y quemaron vivo al abogado de 31 años de edad Daniel Picazo, propició protestas e indignación social, tanto que llegó al Congreso de la Unión y a Palacio Nacional.
El miércoles, la Comisión Permanente emitió un pronunciamiento con relación a la muerte de Daniel, la diputada Lizbeth Mata Lozano de Acción Nacional, en funciones de la presidencia, precisó que la Mesa Directiva suscribe un pronunciamiento y le dio lectura:
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su enérgica condena por el lamentable hecho ocurrido la noche del viernes 10 de junio del año en curso en la comunidad de Papatlazolco, municipio de Huauchinango, Puebla, lugar en el que un grupo de pobladores retuvieron y lincharon privando de la vida al joven abogado Daniel Picazo González.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un llamado a que se procure un ambiente de civilidad y de convivencia ordenada en todas las localidades del territorio nacional, y que en caso de que se tenga sospecha o temor de una eventual ocurrencia de actos delincuenciales, se acuda a las autoridades correspondientes para presentar en su caso las denuncias y se solicite el apoyo correspondiente.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la participación de la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla en la detención de cinco personas implicadas en el hecho y le exhorta a continuar con el avance en las investigaciones hasta lograr justicia y la reivindicación del nombre del abogado Daniel Picazo González”.
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El linchamiento ocurrió cuando aproximadamente 30 personas lo retuvieron, sometieron y golpearon para, posteriormente, prenderle fuego hasta que perdió la vida, también quemaron el vehículo en el que se trasladaba.
Lo acusaron de, presuntamente, intentar robar a un menor, aunque no se revelaron más detalles de este hecho, por lo que en su afán de “hacer justicia por su propia mano”, lo lincharon.
La madrigada de pasado miércoles la Fiscalía estatal llevó a cabo un operativo en el que detuvo a 5 presuntos implicados, entre ellos a quien prendió fuego a la pira en la que falleció Daniel. Se lleva cabo el cateo de 12 domicilios y hay por lo menos otros 8 instigadores directos, de ellos fueron detenidos dos más, se informó en la mañanera del presidente López Obrador.
De acuerdo con testimonios, fue la noche del viernes cuando un grupo de habitantes de la comunidad de Papatlazolco acusó a Picazo y a otro hombre que lo acompañaba de intentar secuestrar a un menor de edad, este rumor empezó a circular a través de mensajes de WhatsApp por lo que los pobladores se concentraron en el centro de la localidad, hasta donde unas 30 personas ya habían llevado a Daniel, mientras que su acompañante escapó.
En las canchas de Papatlazolco, los pobladores golpearon al abogado que hasta marzo trabajó como asesor de una diputada panista en el Congreso federal y aunque policías municipales llegaron, no pudieron rescatarlo, sólo eran 6 ante una masa de no menos de 200 personas; que posteriormente le rociaron gasolina y le prendieron fuego; agentes de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar el levantamiento de cadáver.
A sus padres, aunque son originarios de la Ciudad de México, el abuelo de Daniel les heredó una casa en Las Colonias, en Huauchinango a donde el abogado viajaba cada tres o cuatro meses para visitar la propiedad.
Información publicada por la víctima en su cuenta de Facebook, establece que desde hace varios años laboraba en la Cámara de Diputados y asesoraba a la diputada Joanna Torres, originaria del Estado de México y parte del grupo parlamentario del PAN.
El joven había anunciado en su cuenta que hace un año fue aceptado por la Universidad Complutense de Madrid para cursar una maestría.
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La turba provocada por las redes sociales actuó de una forma ilegal y le arrebató la vida a una persona inocente.
No se puede tolerar más que esto suceda y se justifiquen en el marco de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, porque eso trasciende la cultura y es un delito que no merece abrazos sino castigo, porque sencillamente actuaron como viles criminales.
De las anécdotas que se cuentan
Más allá de que Andrés Manuel López Obrador metió las manos en el proceso electoral del estado de Tamaulipas, no son pocos los analistas que dicen una y otra vez que el presidente está jugando con fuego.
Las constantes atenciones hacia distintos personeros del cártel de Sinaloa, incluyendo la visita a la vivienda de la señora madre de Joaquín Guzmán Loera, no hacen sino atizar la especie de que algo muy complicado está cocinándose en Palacio Nacional.
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La muerte de Sergio Carmona Angulo, el 23 de noviembre de 2021, ha destapado la caja de los truenos, respecto al financiamiento vía huachicol, de distintos candidatos a puestos de elección popular, incluyendo a personajes de Morena en el estado de Tamaulipas.
Entre tanto ruido, la candidatura de Américo Villarreal por parte del partido de López Obrador, estuvo regida por las rarezas de su conducta.
La noción que dominó el proceso electoral tamaulipeco en el sentido que desde el gobierno federal se pretende apoyar el posicionamiento del cártel de Sinaloa en esa entidad, cobra una enorme gravedad, considerando que los Zetas, el cártel del Golfo y docenas de células que operan para ambos grupos, no se van a quedar de brazos cruzados si ocurriera algo así.
En esa misma lógica habrá que ubicar dos riesgos adicionales: el primero es el peligro potencial sobre 19 aduanas que operan en la zona.
El segundo se da en caso de que el Cártel Jalisco Nueva Generación fungiera como apoyador de Zetas y Golfo, para impedir que su odiado enemigo sinaloense con la llegada de Américo Villarreal como gobernador tome el control del estado.
La especie se antoja complicada pero como es de entenderse, de una gravedad que podría generar una crisis insospechada en la historia de México y su delincuencia organizada.
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