Inundados por un mar de impunidad, periodistas y ciudadanos en más de treinta ciudades del país salieron el martes a las calles para repudiar la violencia que padece el gremio y se vive en la República.
México es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio, con decenas de asesinatos cada año y centenares de agresiones. La impunidad impera.
Cada año, se estima que alrededor del 90% de los delitos se pierden en los archivos de las fiscalías estatales. Los ataques a la libertad de expresión no son ninguna excepción.
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En la Ciudad de México, el grupo llegó a la puerta de la Secretaría de Gobernación. Colectivos de reporteros y profesionales colgaron un cartel en la entrada, exigiendo justicia para los compañeros asesinados, particularmente para los tres últimos.
En las primeras semanas de este mes, han asesinado a la reportera Lourdes Maldonado y al fotoperiodista Margarito Martínez, en Tijuana, y a José Luis Gamboa, en Veracruz.
“Vengo en solidaridad con el gremio. Es insostenible”, decía la abogada Frida Romay frente a la puerta de Gobernación. “Este Gobierno se dice de izquierda, pero con sus acciones nos demuestra que no lo es. Debemos cuidar la verdad”, añadía.
La periodista tijuanense Laura Sánchez Ley, exclamaba: “Tenemos que presionar para que la fiscalía especializada federal atraiga los asesinatos de reporteros, para que el mecanismo de protección de periodistas de Gobernación ponga atención a los casos”.
En las escaleras de la entrada de la dependencia, reporteros tomaban el micrófono en procesión, un ejercicio catártico sobre las penalidades del oficio, sobre todo en el ámbito local, en pueblos y ciudades medianas donde las mafias envenenan la vida pública. Todo eran reclamos a un Gobierno al que sienten lejano.
Convocadas en unas horas, después del último asesinato, el de Lourdes Maldonado el domingo en Tijuana, las manifestaciones tuvieron replicas en todo el territorio mexicano. En Tijuana, pero también en Veracruz, geografía maldita para la profesión en los años del último Gobierno del PRI (2012-2018), Chihuahua, hogar de la reportera Miroslava Breach, asesinada en 2017, o Culiacán, en cuyas calles sicarios ultimaron a Javier Valdez ese mismo año.
“Las cifras son deprimentes. Los tres ataques fatales contra reporteros este año y los nueve de 2021 son solo la punta del iceberg, el eco de un grito que suena desde hace más de dos décadas en el país. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), al menos 138 reporteros han sido asesinados en México desde 1992, año en que empezó a documentar agresiones a la prensa. Para el capítulo local de la organización Artículo 19, la cuenta asciende a 145, solamente desde 2000”, señala la crónica de El País.
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La diferencia entre cifras responde a la capacidad de las autoridades mexicanas para establecer vínculos entre los atentados y la labor periodística de las víctimas. Es decir, si hay confirmación del motivo de los ataques y apuntan al trabajo de los reporteros o no.
En cualquier caso, los números son elevadísimos y evidencian la incapacidad del gobierno para garantizar el trabajo de los periodistas, desbordada por una ola de violencia que ha dejado más de 30 mil asesinatos en el país en cada uno de los últimos cuatro años.
No es un problema sólo de un gremio, es el reclamo de una sociedad que exige ¡Justicia!
De las anécdotas que se cuentan
La Secretaría de Gobernación federal divulgó un informe en el que se apunta que, entre 2011 y 2017, el gobierno de Nayarit, a manos del entonces gobernador Roberto Sandoval, y la Fiscalía General del Estado, al mando de Édgar Veytia, trabajaron para la organización Beltrán Leyva y, después viraron a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el informe, Sandoval y Édgar Veytia, cambiaron abruptamente de interés, pues pasaron de apoyar a la organización Beltrán Leyva para “vender la plaza” al CJNG y “las autoridades nayaritas no detenían a los líderes de las bandas criminales, sino a las personas más vulnerables dentro de la cadena de distribución de drogas: las relacionadas con el narcomenudeo”, apunta el informe.
Más lejos, señala que la organización Beltrán Leyva comenzó a intentar distintas represalias, pero nada les funcionó hasta que se dieron los cambios de mando en la Fiscalía y se inicia una auténtica cacería de brujas entre delincuentes y autoridades locales.
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Al intentarse la “limpia de la plaza”, se terminó por ahogar a Tepic en una guerra sin cuartel entre dos organizaciones rivales que no tienen control por parte del gobierno estatal.
Los expertos señalan que la experiencia de Nayarit es oportuna porque permite identificar tres momentos de una complicidad entre autoridades y delincuentes:
Primero, la venta de una plaza a favor de un grupo de la delincuencia organizada.
Segundo, la decisión de las autoridades, de romper el acuerdo y trabajar a favor de otra organización, generando represalias por parte del grupo al que se traicionó.
Y, tercero, la herencia del desastre a la siguiente administración estatal, que deberá elegir entre males.
En ese sentido, elegir entre males es un amplio horizonte que va desde apoyar a la organización criminal que controlaba la plaza hasta reiniciar el proceso de nueva cuenta, sin omitir una guerra contra todos los grupos delictivos que operan en el lugar, incrementando aún más la violencia de la zona.
Como podrá verse, en todas las opciones prevalece un derramamiento incesante de sangre y el pago en vidas humanas por parte de los habitantes de esa comunidad.
La experiencia de Nayarit no es local: debe ser tomada en cuenta en todos los estados de la República para prevenir su aparición.
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*ARD