La Comisiona Nacional de los Derechos Humanos realizó una recomendación al gobierno de Puebla, a la Auditoría Superior de la Federación y a legisladores locales en las que establece violaciones a las garantías de Jorge Aguilar Chedraui, quien tendrá que ser desagraviado y recibir una compensación por “las acusaciones desacertadas”.
En su edición de ayer y en la columna de su director, Rodolfo Ruiz, la plataforma electrónica y portal E-Consulta dan a conocer que con fecha 3 noviembre de 2021, hay una recomendación de la CNDH con número de expediente 75/2021 que obliga al gobierno “a desembolsar un monto de compensación y desmanchar la imagen pública de un ex funcionario al que afectó con acusaciones.
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La nota es puntual al señalar:
“El análisis que la CNDH realizó al recurso que inició Aguilar Chedraui, CNDH/6/2021/55233/Q, en manos de María del Rosario Piedra Ibarra, concluyó que Barbosa Huerta y el titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), Francisco José Romero Serrano, así como personajes de la LX Legislatura del Congreso de Puebla, agraviaron al quejoso con imprecisiones.
“El 18 de junio de 2021, Jorge Aguilar Chedraui denunció ante la CNDH que Barbosa Huerta y Romero Serrano violaron el principio de presunción de inocencia al imputarle injustificadamente el delito de desvío de recursos mientras trabajó como Secretario de Salud Pública de Puebla de 2011-2013, durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.
"Por lo tanto afirma el quejoso y la víctima, el proceder en su carácter de Titular del Ejecutivo, y el Auditor Superior del Estado de Puebla; así como PSP1, en su Carácter de Presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, PSP2, PSP3, PSP4 todos integrantes del H. Congreso del Estado, resultan una violación a sus derechos humanos al honor, la dignidad a la presunción de inocencia y trascienden su entorno familiar y social", establece el documento de la Comisión.
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Para sustentar y defender sus cuentas públicas, Aguilar Chedraui presentó los resultados de las revisiones que realizaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
“Las actas que fueron emitidas en 2011,2012 y 2013 dan cuenta de que la administración de Jorge Aguilar Chedraui al frente de la dependencia a cargo de varias aportaciones monetarias, fueron utilizadas en tiempo, forma y legalidad.
“Para comprobar las acusaciones de (gobernador Miguel) Barbosa Huerta, Romero Serrano, Gabriel Biestro Medinilla y la participación de Olga Lucía Romero Garci Crespo, entre otros diputados, Aguilar Chedraui recabó todas las notas periodísticas que fueron publicadas por medios locales.
“Los respectivos encabezados evidencian las declaraciones y la identidad de quienes las emitieron”.
Por ejemplo, “el miércoles 26 de junio de 2019, Biestro Medinilla, ex coordinador de Morena en la LX Legislatura señaló que se revisarían las finanzas del panista Jorge Aguilar, al denunciar un posible desfalco de mil millones de pesos en el sector Salud. La investigación de esta y otras cuentas correría a cargo de la Comisión Inspectora que presidía la diputada morenista, Olga Lucía Romero Garci Crespo”.
La CNDH estableció: "En el presente caso ha quedado expuesta la responsabilidad por la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, la legalidad, la imagen pública, así como al principio de presunción de inocencia, a la dignidad y la privacidad, derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos".
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“Los acusados argumentaron que sus comentarios formaban parte del derecho a la libre expresión, sin embargo, fueron rechazados por acusar y violar la presunción de inocencia.
En su análisis, la CNDH dio cuenta de oficios de investigaciones que fueron presentadas en 2021 para sustentar la persecución injustificada del gobierno estatal.
“La primera, por el Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, en representación del gobernador el pasado 9 de agosto con número CJ/066/2021. La segunda, emitida el 20 de agosto por la encargada de despacho de la Dirección General Jurídica de la ASE y dos oficios firmados por el Congreso del Estado.
“La CNDH emitió resolutivos para el mandatario estatal: debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos y ofrecer una disculpa”, a lo que se suma una indemnización y gestionar la eliminación de las publicaciones en medios, portales y redes sociales, además los funcionarios involucrados “deberán recibir un curso de capacitación sobre derechos humanos, medida que incluye a la ASE”.
La recomendación a autoridades poblanas es un hecho inédito, por lo menos en el estado de Puebla, que marca derroteros nuevos sobre acusaciones y declaraciones de los hombres de poder.
De las anécdotas que se cuentan
Roberto Herrera Oropeza se desplazaba en su bicicleta en alguna avenida de Tuxtla Gutiérrez, esa tierra que conocemos bien los poblanos por los policías que envían desde allá, para luego ser detenidos por la DEA en Guatemala.
Pues ese joven ciclista era un delincuente, pero no se piense que de cuello blanco o que había cometido un homicidio.
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Su delito era flagrante y evidente: iba manejando su bicicleta a exceso de velocidad, así como lo lee.
El infractor señala que fue detenido por policías de tránsito y que le comentaron que circulaba a exceso de velocidad. Cínico, el delincuente se preguntaba cómo podrían haberle medido la velocidad a su bicicleta.
Como lucía peligroso el muchacho, quien además portaba casco, en cuestión de unos pocos segundos ya estaba rodeado por al menos cuatro policías, listos para repeler la agresión por parte del acelerado ciclista.
Al parecer, no pasó a mayores el asunto y el muchacho subió a las redes sociales el encontronazo con las fuerzas chiapanecas del orden.
Los malosos se preguntan si ese muchacho no debería haber sido detenido por la velocidad a la que iba, particularmente porque su bicicleta no usa combustible fósil, como ése que, según el presidente, “es un gran negocio”.
También se preguntan si el joven delincuente de la bicicleta no era en realidad un testigo colaborador de la fiscalía y por lo tanto gozaba de la impunidad necesaria para ir a cenar pato al Hunan, a bordo de ese medio de transporte.
Y aún las cosas pueden empeorar: ya llegará el momento de ser detenido por caminar a exceso de velocidad.
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*ARD