Reforma al Poder Judicial de Puebla acabará con privilegios, tráfico de influencias y corrupción

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los diputados del Congreso respaldar la reforma al Poder Judicial que plantea que los magistrados y jueces que cometan corrupción podrán ser destituidos por el Poder Legislativo, esto, a través de una solicitud ciudadana, así como la creación de una Sala Constitucional.

Barbosa Huerta dijo que, con esta propuesta, se busca mejorar el sistema de justicia en el Estado, garantizar su aplicación y terminar con los casos de tráfico de influencias que se dan en este sector. 

"Que los servidores públicos del Poder Judicial sean eso, verdaderos servidores públicos, justicia para todos, ningún privilegio que los círculos de privilegios ya no se vean, ahí están las famosas reglas de contacto, para que ya ningún integrante del poder judicial pueda dejarse ver en reuniones, en el Estado de Puebla o fuera de Puebla, con empresarios básicamente", dijo. 

Barbosa Huerta comentó que, en caso de que se presente una injusticia, los poblanos podrán hacer una solicitud que debe ser presentada al Congreso, y tendrá que ser por las dos terceras de los legisladores, quienes deben definir si se destituye el magistrado o juez que cometió actos de corrupción. 

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"Es una evolución en ver desde fuera, desde los ciudadanos a los que se encargan de impartir justicia, como servidores públicos", dijo. 

Cabe mencionar que, este procedimiento será independiente al juicio político previsto en esta Constitución, para jueces. 

Además, la iniciativa del gobernador indica que, para evitar algún acto de corrupción, abuso o tráfico de influencias, los magistrados, consejeros de Judicatura y jueces, tendrán prohibido reunirse “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen”, es decir, fuera de las instalaciones.

También se establece que se creará la Escuela Estatal de Formación Judicial, que dependerá del Consejo de la Judicatura, con el objeto de formar, capacitar, evaluar, supervisar y certificar a los órganos jurisdiccionales municipales encargados de administrarla.

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