Proponen castigar con cárcel la difusión de fotografías con evidencia criminal
Puebla, Pue. El Partido del Trabajo (PT) busca que en el estado de Puebla se castigue con pena de 4 a 10 años de prisión y multas de 9 hasta 14 mil pesos a quien viole la Ley Ingrid, la cual reconoce como delito el publicar, difundir y hasta comercializar información reservada en video o fotografías sobre evidencias de personas o cadáveres que hayan sufrido violencia física sexual o sean víctimas de feminicidio.
La diputada local, Nora Merino Escamilla explicó que en caso de que las víctimas sean niños, niñas, mujeres o adolescentes, la pena propuesta es de 6 hasta 15 años de prisión, e incrementen las penas económicas, de 14 hasta 21 mil pesos. Con esto, Puebla sería el quinto estado en homologar la ley federal con la local.
Merino Escamilla precisó que la Ley Ingrid ya está en vigor, por lo que ahora solo falta a las diferentes entidades formalizar la homologación, que, en el caso de Puebla, urge se resuelva el tema, sobre todo después de lo ocurrido con la activista Cecilia Monzón, de quien su hermana Helena pidiera que se respete el proceso de investigación y se salvaguarden los derechos de la víctima.
Indicó que la Ley Ingrid, justo es lo que castiga, el que se comparta información que esté en uso de la FGE para no entorpecer la investigación y se logre dar con mayor rapidez con los responsables, agregó “es lo que está pidiendo Helena Monzón, que no se comparta información de la escena del crimen, para no vulnerar el proceso y los derechos de la víctima”.
La petista detalló que la reforma al Código Penal se hará en el artículo 423, considerando violatorio cualquier medio que no esté autorizado por la ley, para publicar o difundir a quien grave, fotografié, videograbación, entregue, comparta, revele envié, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, o comercialice, intercambie imágenes, audios, video, documentos e información reservada.
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LEY INGRID
La Ley Ingrid fue aprobada en la Cámara de Diputados en el 2021, esto luego de lo ocurrido a Ingrid Escamilla Vargas, quien fue encontrada muerta a un lado de la persona que presuntamente dice haber cometido el delito de feminicidio, el 9 de febrero de 2020.
Esta situación fue divulgada en diferentes medios, a los que les fue proporcionado el material fotográfico y de videos por servidores y servidoras públicas de instituciones operadoras del sistema penal situación que evidentemente vulnera derechos humanos de la víctima de manera grave, expuso Nora Merino Escamilla en sesión del Pleno.
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