Puebla en contra de criminalizar legítimos actos de protesta
Puebla, Pue. El Congreso local atendió el exhorto que hizo el Senado, para derogar del Código Penal el delito de “ultraje a la autoridad” al contraponer este a los principios de presunción de inocencia, derechos humanos y libre expresión.
En la Comisión de Procuración de Justicia y Administración, la diputada por el PRI, Isabel Merlo Talavera confirmó que este llamado fue hecho a 18 estados de la República, por lo que Puebla está cumpliendo en esta medida al reformar los artículos 207 y 208.
“La criminalización de la lucha social, de la libre expresión y de la demanda de necesidades que en ocasiones lleva a la desesperación a quien las realiza, ante la inactividad o negligencia de la autoridad lleva a que sean criminalizados los legítimos actos de protesta”.
Intérpretes para débiles visuales y auditivos
En esta misma comisión, diputados locales aprobaron ampliar la figura de “intérpretes” dentro del servicio de defensoría pública, para que además de las personas de lengua indígena, se incluya una figura de apoyo a quienes enfrentan alguna discapacidad visual y auditiva.
Los congresistas analizaron la propuesta que presentó la morenista, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, para reformar la fracción 13 del artículo 24 de la Ley de Defensoría Pública del estado de Puebla, para solicitar la designación de un intérprete de lengua de señas mexicanas, o documentación en sistema de escritura braille.
Manifestaron que Puebla forma parte de los estados que carecen de intérpretes para personas con debilidad visual y problemas auditivos, dentro del servicio de defensoría pública, de ahí la razón de extender este beneficio a este sector de la población.
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Fue la diputada local por Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo quien presentó un dictamen de decreto para que sea obligatorio contar con esta figura en esos espacios de atención pública.
Si bien esta medida aplica en los casos donde el servidor público carece del conocimiento de alguna lengua indígena, no así cuando se trata de personas con problemas auditivas y visuales.
En la exposición de motivos manifestaron que de acuerdo a la encuesta nacional 2014 del INEGI, en el país es de 7.2 millones personas se ven limitados en su desempeño social, como sucede con la discapacidad auditiva, y ceguera.
Al 2018, en el país el 18 por ciento de los mexicanos tienen problemas para comunicarse de forma verbal, el 7 por ciento tiene ceguera.
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