Ayer, dejaron un auto calcinado con dos cuerpos en el Periférico Ecológico, en la zona del parque Bicentenario de Chapulco, a unos metros del puente de la 14 Sur.
En el vehículo fueron encontradas amenazas. Según los primeros reportes, se trataba de un automóvil Seat Ibiza que fue incendiado en el lugar, frente al fraccionamiento Los Héroes, afuera del Parque Bicentenario, en la Laguna de Chapulco.
El fuego consumió el paradero de autobuses que se encuentra justo abajo del puente peatonal que cruza del Parque Bicentenario al fraccionamiento Los Héroes. El auto calcinado quedó donde los taxis piratas, que recorren el Periférico, tienen su base para subir a los pasajeros.
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Un grupo de regidores de Acatlán de Osorio mantiene su demanda de destitución de la presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas, acusada de nepotismo y malos manejos de los recursos públicos, aunque ella argumenta que detrás de estos señalamientos está la banda delictiva de “Los Rojos”.
Según la Plataforma Nacional de Transparencia, Guadalupe Bárcenas percibe actualmente un salario mensual bruto de 77 mil 914 pesos como presidenta municipal de Acatlán de Osorio. Después de las retenciones fiscales, su ingreso neto ronda los 60 mil pesos al mes.
La cifra representa un incremento respecto a los ingresos que reportó al inicio de su administración. Cuando asumió el cargo en octubre de 2024, la alcaldesa tenía un sueldo neto de 24 mil 384 pesos mensuales. A partir del 1 de marzo de 2025 se reflejó un aumento significativo en sus percepciones.
El crecimiento de sus ingresos contrasta con el salario que tenía antes de llegar a la presidencia municipal. En 2023, cuando se desempeñaba como delegada regional del Sistema DIF Estatal, percibía 11 mil 493 pesos mensuales.
No está casada ni tiene hijos, pero mantiene una relación sentimental con Juan Alberto Domínguez, teniente de Marina y secretario de Seguridad Pública Municipal de Acatlán de Osorio. Además de las críticas por el aumento salarial, la alcaldesa enfrenta señalamientos relacionados con la presencia de familiares en la administración municipal.
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Tras dos años de existencia, ayer cerró de forma oficial la oficina auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla en la 31 poniente; todos los temas relacionados ahora se llevarán a cabo en las oficinas federales de Tlaxcala.
Todos los procesos que quedaron pendientes en la oficina auxiliar de la JFCA en Puebla se suspendieron —términos, plazos, audiencias y diligencias en todas sus etapas en los juicios— hasta el 26 de junio cuando termine el traslado de los oficios y se puedan retomar desde las oficinas tlaxcaltecas.
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El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, advirtió a quienes lo atacan, critican y minimizan sus aspiraciones rumbo a la elección de 2027 que está dispuesto a revelar el “cochinero electoral” de 2024, que fue orquestado por Morena para beneficiar a Fuerza por México.
El legislador señaló que no permitirá que se ignore lo ocurrido en ese proceso electoral y sostuvo que enfrentará directamente a quienes, desde su perspectiva, participaron en irregularidades. Camarillo. Además, el senador pidió al dirigente de Acción Nacional, Mario Riestra, superar la derrota electoral sufrida en la contienda por la alcaldía de Puebla capital.
Afirmó que el propio panista fue responsable de su fracaso electoral, al asegurar que: “si alguien fue responsable de su derrota, fue su propia soberbia, porque en la campaña ya se sentía presidente municipal”. También criticó que, ahora como líder del PAN, Riestra continúe confrontando a integrantes de su propio partido.
El senador de MC calificó de “cochinos, marranos, y trompudos” a integrantes de Morena, entre ellos Alfonso Bermúdez, representante ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), y Agustín Guerrero, consejero nacional del partido. Esto luego de que ambos minimizaran sus aspiraciones rumbo a 2027, señalando que solo les causa “gracia”.
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Mientras el gobierno jura que en 10 días "se acaba el anonimato de la delincuencia", en la calle te venden chips registrados por 100 pesos a plena luz del día. Y lo peor no es la irresponsabilidad de quiénes venden y compran chips registrados con datos personales de cualquier ciudadano en este país sin mediar consecuencias.
El gobierno federal debe establecer medidas estrictas de ciberseguridad, fiscalización y combate frontal al robo de identidad, en lugar de simular estrategias de seguridad que solo vulneran a los usuarios.
Un padrón obligatorio no frena a la delincuencia como magia; solo le crea un catálogo de víctimas y un mercado negro más lucrativo.
*ARD
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