La detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), propició ayer en Puebla incendios de vehículos, bloqueos de carreteros y ataques a establecimientos, como sucedió en otras ciudades del país.
La reacción violenta atribuida a grupos vinculados al CJNG confirman la operación de células asociadas en la entidad. Ayer, se desataron narcobloqueos en entidades como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
El cierre total a la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 71, fue confirmado por la Guardia Nacional. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron autobuses y tráileres incendiados que bloquearon la vía. En la capital poblana, una tienda Oxxo y una sucursal del Banco del Bienestar fueron incendiadas. Además, vehículos de transporte público y autobuses de pasajeros resultaron calcinados en tramos de la autopista México-Puebla y Puebla-Orizaba.
En Coronango, a la altura de San Francisco Ocotlán, un autobús fue incendiado, lo que obligó a reducir la circulación a un solo carril. En Santa Rita Tlahuapan y en la zona de Xoxtla también se reportaron unidades quemadas. La autopista Puebla-Orizaba registró bloqueos en el municipio de Quecholac, dentro del llamado Triángulo Rojo, región identificada por delitos como robo de combustible y asaltos a transportistas.
Ante los hechos, el gobierno estatal reforzó la presencia operativa en coordinación con fuerzas federales, incluyendo la Defensa, Guardia Nacional y Marina, con el objetivo de preservar el orden público. El panorama coloca a Puebla en el mapa nacional de seguridad, en un contexto donde las acciones de grupos criminales tienen repercusiones más allá de su estado de origen.
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En una conferencia de prensa de cuatro minutos, la fiscal del Estado, Idamis Pastor Betancourt, dijo que la investigación sobre el homicidio de Alexandro Tello y Karina Ruiz está a cargo de Tlaxcala.
Señaló que en la entidad vecina es donde habrían ocurrido los hechos. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía Tlaxcala no ha emitido un comunicado oficial a dos días del crimen.
De acuerdo con Pastor, la Fiscalía a su cargo coadyuva con las autoridades tlaxcaltecas para el esclarecimiento del caso, el cual inició el 19 de febrero con la desaparición de la pareja de 50 años de edad y continuó el 20 de febrero con el hallazgo de ambos sin vida.
En el primer comunicado difundido el viernes por la noche, la Fiscalía de Puebla informó que el hallazgo se realizó en un paraje del municipio de Chignahuapan, en Puebla. El sábado 21 de febrero, la versión oficial cambió. Las autoridades poblanas señalaron que el doble homicidio ocurrió en Tlaxcala, por lo que solicitaron declinar la competencia y dejar la investigación en manos de esa entidad, aunque mantienen coordinación institucional.
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Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín” confirmó que Néstor Camarillo Medina es su compadre. Sin embargo, dijo desconocer si tiene vínculos con alguna red delincuencial por la que fue señalado el senador como “narcopolítico”.
Reconoció que los lugareños de Quecholac están molestos con Camarillo Medina por la supuesta relación que tiene con grupos delincuenciales, además de que se hizo pasar como “indígena” para lograr tener el cargo por la vía plurinominal. “Sí es mi compadre, fuimos en una ocasión porque me invitó a ser padrino de una de sus camionetas, pero eso no tiene nada que ver que me quieran relacionar con él, con todo respeto se lo digo a Néstor: ponte a trabajar en el campo, quieres ir por algo más grande, pero las verdades no te van a alcanzar los votos”, externó Antonio Valente.
Le recordó a Néstor Camarillo que la misma gente del municipio de Quecholac lo dejó de querer por todo lo que ha hecho, como hacerse pasar como indígena para tener su plurinominal.
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La diputada local del Revolucionario Institucional, Delfina Pozos Vergara, manifestó su respaldo a las protestas encabezadas por Colectivos Ambientalistas en contra del proyecto estatal del Cablebús, al advertir que su ejecución, en las condiciones actuales, podría representar un “ecocidio” para la ciudad.
El pasado 20 de febrero, activistas y ciudadanos marcharon por diversas calles para exigir la reubicación del proyecto, argumentando que su construcción implicaría afectaciones directas a 980 árboles, de los cuales al menos 280 serían talados.
“La tala de árboles por el proyecto del Cablebús no puede tomarse a la ligera. El desarrollo no puede avanzar a costa de nuestro entorno. Cada árbol cuenta y cada decisión debe estar sustentada en estudios claros y transparentes”, expresó.
Pozos Vergara subrayó que, si bien es necesario fortalecer la infraestructura de movilidad en la entidad, ello no debe hacerse sin una evaluación ambiental rigurosa y abierta a la ciudadanía.
*ARD
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