Mayor castigo para el despojo

En Puebla, el despojo de propiedades es un delito que va en aumento.

Es tan alarmante que el gobierno del estado busca aumentar los castigos a quienes lo promueven en lo que se conoce como Cartel del Despojo, que incluye a notarios de Puebla y otros estados, a registradores y empleados del Registro de la Propiedad, dependiente del gobierno poblano y empresarios.

Como ejemplo, en el primer semestre de 2025 creció 27 por ciento. Notarios, grupos delictivos, abogados, agentes inmobiliarios y organizaciones de perfil comercial están coludidos para gestar los abusos que generan múltiples ilícitos.

Ante el aumento de las prácticas de despojo inmobiliario, el gobierno estatal turnó al Congreso Local una iniciativa de reforma legislativa para endurecer las sanciones contra este delito, informó el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra.

Este acto delictivo afecta principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y a comunidades indígenas.

Explicó que la iniciativa enviada a los diputados contempla un aumento de las penas de prisión y sanciones económicas. La sanción pasará de 6 a 12 años de prisión, además de que la multa oscilará entre 100 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

La propuesta de reforma aumenta las penas para quien financie o sea autor intelectual de este tipo de delitos, con pérdida de la libertad entre 7 y 15 años; y multas de mil a 3 mil UMAS. “Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Ahora está en manos de las y los diputados. Desde luego que ellos analizarán y harán lo que corresponda”, precisó García Parra.

La iniciativa limita la comercialización de tierras, la lotificación o la especulación inmobiliaria a través del despojo de bienes inmuebles, en la que participan dolosamente notarios públicos, algunos de quienes son poblanos o fedatarios de Tlaxcala y Oaxaca.

La pena aumentará hasta en una tercera parte cuando el despojo tenga una finalidad lucrativa. La sanción también aumentará si se utilizan documentos falsos, se inscriben actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o existe participación dolosa de un notario público para facilitar o encubrir el delito.

El gobierno de Puebla está decidido a proteger el patrimonio y la legalidad; así como defender los derechos de sectores vulnerables, y fortalecer el marco jurídico para combatir el despojo inmobiliario.

Con la legislación actual para las víctimas, el panorama y las probabilidades de recuperar sus terrenos, departamentos o casas, no son alentadoras.

El delito va en aumento, de enero a junio de 2025, la Fiscalía de Puebla registró un total de 784 carpetas de investigación por el delito de despojo, mientras que, en el mismo periodo de 2024, la cifra fue de 615 casos. El aumento es del 27 por ciento.

Los delincuentes consiguen información de casas que están desocupadas, abandonadas o no. Son abogados que se dan a la tarea de buscar en el Registro Público de la Propiedad información respecto a quién es el propietario de esos inmuebles y le dan seguimiento.

Con la información empiezan a maquinar en contubernio con autoridades, notarías públicas y usan sellos, documentos y firmas de la notaría.

El despojo genera delitos que son complicados de perseguir, ya que las mismas notarías se niegan a entregar la documentación correspondiente, pues se está hablando de falsificación de documentos, uso indebido de las facultades, fraude y el despojo.

Recomiendan si es propietario, visite el inmueble o réntelo a terceras personas para que nunca este desocupado y no se vean en ese riesgo de que pueda ser ocupado por otros delincuentes.

El gobierno poblano está actuando en contra de lo que se conoce como Cartel del Despojo y del que cuentan con bastante información que puede llevar a impolutos notarios, abogados, funcionarios y desarrolladores inmobiliarios a la cárcel.

De las anécdotas que se cuentan

Se pueden contar miles de historias de victimas de despojo y la mayoría son poblanos de las clases sociales más vulnerables.

El propósito de la iniciativa es limitar la comercialización de tierras, la lotificación o la especulación inmobiliaria a través del despojo de bienes inmuebles, en la que participan dolosamente notarios públicos.

La sanción se incrementará si se utilizan documentos falsos, se inscriben actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o existe participación dolosa de un notario para facilitar o encubrir el delito.

Pronto se contarán más historias de despojos.

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*ARD